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El manantial que se negó a morir

La tierra estaba caliente. El polvo carbonizado de los arbustos formaba, tirado sobre el suelo rugoso, las figuras de tronco y ramas convertidas en ceniza. Bajo la gruesa capa de cenizas que se extendía por hectáreas, sin embargo, se oía el trotar alegre de las pequeñas aguas de un manantial que parecía retar a toda la muerte ocasionada por el incendio. Ahí seguía manando el agua, como si no se diera cuenta de que ya le faltaban los árboles que le deban vida. De acuerdo con datos oficiales más del 90 % de los incendios forestales son provocados por la mano del hombre. Por esta razón Michoacán pierde, de manera conservadora, un promedio de 15 mil hectáreas en cada año. Una porción considerable de estos bosques quemados termina convertida en plantíos aguacateros y la madera muerta en las astilladoras que operan en el entorno de las serranías. Las quemazones, las que son intencionadas, forman parte de un sistema bastante bien organizado y calculado que logra burlar exitosamente las regulaciones establecidas. El porcentaje de éxito de esta manera de operar es elevado, considerando el incremento anual de huertas y la pérdida de bosques este anda por el 95 %. Sin embargo, una modalidad de incendios ocasionados proviene del impulso de creencias hasta ancestrales que dan sustento a una técnica de cultivo agrícola. La roza de tierras está arraigada como práctica regular entre campesinos que la encuentran adecuada para que las plantaciones de maíz prosperen. No obstante, la introducción de nuevas técnicas que evitan la roza de tierras y la prohibición gubernamental para realizarlas, aún prevalecen grupos de campesinos que las realizan ocasionando con regularidad incendios generalizados de consecuencias ambientales desastrosas. La pérdida de bosques por esta causa en municipios como Madero es preocupante. Cientos de hectáreas forestales son arrasadas anualmente por incendios “controlados” que fueron iniciados para rozar predios destinados a los maizales. Está tan arraigada entre la gente de campo la creencia de que las rozas son buenas que hay localidades que han optado por condicionar esta práctica a protocolos de quema segura. A pesar de esto, la mayoría de los incendios promovidos en rozas se ocasionan por la ausencia de autorizaciones y la falta de comunicación con las comunidades y con los dueños de los bosques aledaños. El resultado ha sido terrible. En los últimos 15 días en la sierra de Madero se han calcinado por esta modalidad más de 120 hectáreas de pino y encino afectando también a la fauna silvestre. El último ha ocurrido en el segmento sur de la sierra de San Pedro, contigua a los predios que participan en el proyecto de Área Natural Protegida. En pocas horas ardieron 40 hectáreas y sólo pudo ser apagado por la participación de la comunidad de San Pedro y la Brigada Contra Incendios de Madero. El cuidado del patrimonio ambiental de todos supone un intenso programa de educación entre los poseedores de tierras, bosques y aguas que tenga como propósito la modificación de creencias perniciosas y la constitución de un cuerpo de valores que construyan creencias y prácticas proambientales. La introducción de prácticas agrícolas y silvícolas congruentes con el respeto a la vida natural, ajustadas a criterios de sostenibilidad, es una tarea impostergable para las instituciones gubernamentales, el sistema educativo y la sociedad civil organizada. No todas las creencias son virtuosas, algunas nos tiranizan y otras nos empujan con singular reiteración al campo del fracaso y los malos resultados. Son creencias difíciles de erradicar que actúan como resistencia dura a las políticas ambientales y a las iniciativas cívicas. Por suerte, para mitigar la pésima noticia del monte calcinado, nos han dicho quienes conocen la intimidad del bosque, que este año será semillero, una condición que se repite cíclicamente cada determinada cantidad de años. Lo que quiere decir que habrá renovales de pino que ayudarán a repoblar las áreas perdidas. A pesar de esta adversidad es buena noticia, también, saber la intencionalidad de la comunidad de San Pedro y de ambientalistas de Madero de proceder de inmediato al restablecimiento forestal de las hectáreas siniestradas y evitar que se haga cambio de uso de suelo. La voluntad indómita del pequeño manantial, que se abre paso entre las cenizas, es una lección de la naturaleza con un mensaje conmovedor. ¡Y no es cuento, existe, está ahí, aún sigue fluyendo su modesta agua!

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El manantial que se negó a morir

La tierra estaba caliente. El polvo carbonizado de los arbustos formaba, tirado sobre el suelo rugoso, las figuras de tronco y ramas convertidas en ceniza. Bajo la gruesa capa de cenizas que se extendía por hectáreas, sin embargo, se oía el trotar alegre de las pequeñas aguas de un manantial que parecía retar a toda la muerte ocasionada por el incendio. Ahí seguía manando el agua, como si no se diera cuenta de que ya le faltaban los árboles que le deban vida. De acuerdo con datos oficiales más del 90 % de los incendios forestales son provocados por la mano del hombre. Por esta razón Michoacán pierde, de manera conservadora, un promedio de 15 mil hectáreas en cada año. Una porción considerable de estos bosques quemados termina convertida en plantíos aguacateros y la madera muerta en las astilladoras que operan en el entorno de las serranías. Las quemazones, las que son intencionadas, forman parte de un sistema bastante bien organizado y calculado que logra burlar exitosamente las regulaciones establecidas. El porcentaje de éxito de esta manera de operar es elevado, considerando el incremento anual de huertas y la pérdida de bosques este anda por el 95 %. Sin embargo, una modalidad de incendios ocasionados proviene del impulso de creencias hasta ancestrales que dan sustento a una técnica de cultivo agrícola. La roza de tierras está arraigada como práctica regular entre campesinos que la encuentran adecuada para que las plantaciones de maíz prosperen. No obstante, la introducción de nuevas técnicas que evitan la roza de tierras y la prohibición gubernamental para realizarlas, aún prevalecen grupos de campesinos que las realizan ocasionando con regularidad incendios generalizados de consecuencias ambientales desastrosas. La pérdida de bosques por esta causa en municipios como Madero es preocupante. Cientos de hectáreas forestales son arrasadas anualmente por incendios “controlados” que fueron iniciados para rozar predios destinados a los maizales. Está tan arraigada entre la gente de campo la creencia de que las rozas son buenas que hay localidades que han optado por condicionar esta práctica a protocolos de quema segura. A pesar de esto, la mayoría de los incendios promovidos en rozas se ocasionan por la ausencia de autorizaciones y la falta de comunicación con las comunidades y con los dueños de los bosques aledaños. El resultado ha sido terrible. En los últimos 15 días en la sierra de Madero se han calcinado por esta modalidad más de 120 hectáreas de pino y encino afectando también a la fauna silvestre. El último ha ocurrido en el segmento sur de la sierra de San Pedro, contigua a los predios que participan en el proyecto de Área Natural Protegida. En pocas horas ardieron 40 hectáreas y sólo pudo ser apagado por la participación de la comunidad de San Pedro y la Brigada Contra Incendios de Madero. El cuidado del patrimonio ambiental de todos supone un intenso programa de educación entre los poseedores de tierras, bosques y aguas que tenga como propósito la modificación de creencias perniciosas y la constitución de un cuerpo de valores que construyan creencias y prácticas proambientales. La introducción de prácticas agrícolas y silvícolas congruentes con el respeto a la vida natural, ajustadas a criterios de sostenibilidad, es una tarea impostergable para las instituciones gubernamentales, el sistema educativo y la sociedad civil organizada. No todas las creencias son virtuosas, algunas nos tiranizan y otras nos empujan con singular reiteración al campo del fracaso y los malos resultados. Son creencias difíciles de erradicar que actúan como resistencia dura a las políticas ambientales y a las iniciativas cívicas. Por suerte, para mitigar la pésima noticia del monte calcinado, nos han dicho quienes conocen la intimidad del bosque, que este año será semillero, una condición que se repite cíclicamente cada determinada cantidad de años. Lo que quiere decir que habrá renovales de pino que ayudarán a repoblar las áreas perdidas. A pesar de esta adversidad es buena noticia, también, saber la intencionalidad de la comunidad de San Pedro y de ambientalistas de Madero de proceder de inmediato al restablecimiento forestal de las hectáreas siniestradas y evitar que se haga cambio de uso de suelo. La voluntad indómita del pequeño manantial, que se abre paso entre las cenizas, es una lección de la naturaleza con un mensaje conmovedor. ¡Y no es cuento, existe, está ahí, aún sigue fluyendo su modesta agua!

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¿Crisis financiera por cambio climático?

Las reflexiones sobre los terribles efectos que ha venido ocasionando la intervención humana en la naturaleza están llegando a espacios que hasta hace poco se consideraban ajenos a las gruesas predicciones ambientales. Apocalípticos, paranoicos o desproporcionados, habían sido hasta ahora los adjetivos que con mayor frecuencia se lanzaban contra los ambientalistas que han advertido de consecuencias ingratas en un futuro no lejano para la existencia humana en la tierra. Si acaso se tomaban con mayor seriedad las predicciones que indicaban efectos inmediatos, por ejemplo, la falta de agua para consumo humano por la deforestación, la pérdida de biodiversidad por el cambio de uso de suelo, la pérdida de polinizadores o las enfermedades cancerígenas en las personas por el uso indebido de agroquímicos tóxicos en huertas y siembras. La sensibilización social en torno a los incendios forestales porque es evidente su daño a los componentes de la atmósfera que respiramos, al paisaje cerril y a la fauna salvaje, sería otra manera evidente para relacionar el daño ambiental con nuestra calidad de vida. Pero de allí a que se les diera la misma importancia a predicciones mayúsculas, como la de poner en duda la viabilidad civilizatoria de la humanidad, había un abismo. La perspectiva, sin embargo, está cambiando de manera radical. El sector económico considerado como el más refractario a las predicciones “apocalípticas” del ambientalismo ha dado un giro de 180 °. Y hay una razón: el capital financiero se quiere salvar, lo lleva en su ADN, resulta que está viendo en la crisis climática un riesgo. No cualquier riesgo, uno catastrófico y busca ponerse a salvo. Y lo podría hacer hará sacando sus capitales de inversiones que se le retornen como bumerang. El Banco de Pagos Internacional (BIS, por sus siglas en inglés), que coordina a todos los bancos centrales del mundo, ha convocado a una reunión para el fin de este mes. A esa reunión le han dado el singular nombre de Cisne Verde (Green Swan 2022) y en la cual se hablará de los riesgos ambientales como factor de alto riesgo para la estabilidad financiera global. La realización de negocios en el mundo había dejado de lado, en gran medida, el cálculo ambiental como un factor de alto riesgo financiero. Negocios como la minería, la extracción de petróleo y carbón, los monocultivos extensivos, el crecimiento de infraestructura turística y la expansión anárquica de los asentamientos urbanos, ahora, de acuerdo con este nuevo horizonte, podrían constituirse en un Cisne Verde que derrumbe las finanzas mundiales. El concepto de Cisne Verde ha sido tomado del pensador Nassim Nicholas Taleb, quien en 2007 publicara un libro titulado “Cisne Negro”. Hasta fines de 1600 el mundo occidental consideraba que los cisnes negros no existían hasta que la biodiversidad de Australia lo desmintió. Un Cisne Negro es un evento que echa por tierra todas las creencias y certidumbres de una época. Esta perspectiva encuentra asidero en la teoría del caos y en los sistemas complejos no predecibles, como el clima, la economía, la política y la “dirección” de la historia. Se inscribe en lo no predecible y sorpresivo. La Primera Guerra mundial ha sido un Cisne Negro, como también otros eventos tales como el ataque a las torres gemelas el 11 de septiembre del 2001, la crisis financiera del 2008, el surgimiento de la pandemia por Covid-19 y podría ser un Cisne Negro lo que pueda venir con la intervención de Rusia en Ucrania. En pocas palabras un Cisne Negro pone patas pa’ arriba la vida ordinaria de los valores económicos y sociales que conocemos porque no tenemos manera de conocer el todo y su complejidad. El Cisne Verde es un evento que derivado del cambio climático podría generar un efecto desencadenante de decisiones económicas que pueden tirar a las finanzas mundiales. El incremento de la temperatura en los océanos puede, como ya está ocurriendo, elevar el nivel del agua en las zonas costeras, puede también modificar de manera radical, como ya lo hemos visto, los patrones climáticos. Y todo lo anterior tendrá repercusiones en la infraestructura turística, en la vida productiva diaria, en la generación de alimentos y obligadamente en la modificación radical de las normas ambientales para frenar el daño y mitigar la fatalidad del Cisne Verde. Es relevante que el sector financiero global incluya en su agenda el alto riesgo por cuestiones climáticas. Es decir, la “paranoia” de los ambientalistas parece que era más bien racionalidad pura y dura con una dosis formidable de intuición. Tan dura que ahora los grandes bancos se refugian en esa racionalidad y en el terreno de lo caótico para anticiparse a una crisis. Sin embargo, habrá que decir que las advertencias están llegando un poco tarde, es más para algunos gobiernos del mundo la cuestión ambiental les sigue importando un soberano cacahuate. Cuando el probable Cisne Verde nos alcance en México, actividades como la minería, la extracción de petróleo, carbón y cultivos como el aguacatero, quedarán desfondados financieramente por la depreciación de sus valores accionarios y la imposición de regulaciones extremas para frenar, mitigar o tratar de revertir el cambio climático que reclamará la comunidad internacional como reacción a la catástrofe. Existe una elevada probabilidad, dado que el capital financiero tratará de protegerse a toda costa, que derivado de la reunión Cisne Verde 2022 de finales de mayo en la que convergerán todos los bancos centrales del mundo, se concluya la recomendación urgente para que los gobiernos radicalicen sus regulaciones ambientales para evitar la letal sorpresa de un Cisne Verde, lo de menos será el llamado a cumplir a raja tabla los acuerdos de París. El riesgo de Cisne Verde —espero equivocarme— no es advertido por nuestros gobiernos pues están dedicados en cuerpo y alma a justificar y a lavarle la cara a los capitales que con esmero y codicia siguen dedicados a destruir y contaminar lo poco que nos queda. Para ellos el Cisne Verde seguirá siendo una visión apocalíptica de pseudo ambientalistas.

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La revisión de la escuela

¿De qué tamaño es el golpe que la pandemia le ha propinado a la escuela mexicana? Es una pregunta, oportuna e imprescindible, que debe responderse para ajustar el sistema educativo nacional. Sin embargo, es una pregunta poco frecuente entre quienes dirigen la educación. Peor aún, no forma parte de las tareas de reflexión impulsadas desde la Secretaría de Educación Pública. Pareciera como si nada hubiera ocurrido, como si no fuera evidente el quiebre de los servicios educativos que fueron brutalmente rebasados por el confinamiento de ya casi dos años. No teníamos un sistema educativo de gran calidad, estaba poco actualizado y ya se cuestionaba su poca consistencia frente a los retos del siglo XXI. De hecho, la pandemia nos sorprendió cuando esta reflexión estaba tomando camino y trataba de superar el quiebre de las reformas del 2013 y comenzaba la operatividad de la reforma del 2019. A la mitad de las dos reformas se plantó la pandemia y aplastó lo poco que quedaba de la de 2013 y asfixió por completo la del 2019. En una circunstancia tan comprometedora y confusa el sistema educativo quedó paralizado y el sujeto primordial de toda educación, los educandos, quedaron pasmados, aturdidos, sin orientaciones para dar continuidad a sus aprendizajes de manera eficiente. Se ha tratado de hacer creer, a través de algunos indicadores, como el de deserción escolar y eficiencia terminal, que el daño está siendo menor. Se busca con esmero evitar el adjetivo de crisis educativa. Sin embargo, la realidad no se puede ocultar. El cierre de los planteles vino acompañado de una carencia crucial, la inexistencia de alternativas operativas, promovidas desde la SEP, para evitar la ruptura del proceso enseñanza aprendizaje. Hasta la fecha no existe un proceso de evaluación serio que revise el conjunto de acciones, ese mosaico vario pinto de propuestas generadas a nivel central, en los estados y sobre todo desde los planteles escolares, para saber si fueron exitosas, si en algo paliaron el cierre de las escuelas o sólo fueron acciones testimoniales, pero sin resultados positivos. Es cierto que en todas las naciones del mundo la pandemia colocó en un predicamento a sus sistemas educativos. En algunos más que en otros. Ahora bien, la diferencia estribó en la oportunidad y tino con que algunos intervinieron y en la irresponsabilidad de otros que no lo quisieron hacer. Mientras algunos gobiernos se esforzaron en pensar nuevas políticas e invirtieron recursos para sostener sus escuelas otros se cruzaron de brazos y agudizaron su crisis. No deja de sorprender la escasa o muy suave crítica de quienes históricamente fueron agudos críticos de las políticas educativas previas cuando lo que está a la vista de todos es un abandono rampante del gobierno de las tareas educativas. El presupuesto a la baja, la cancelación de programas de apoyo a la educación, el desprecio por la cultura y la ciencia y un liderazgo impresentable que desde el despacho de Vasconcelos tiene que lidiar con un pasado tan negro como el de Elba Esther Gordillo, no parecen ser motivo ahora para la duda reflexiva. El ejercicio de la libertad y la crítica siempre será la mejor levadura para el pan de la educación Se quiera o no la revisión de la escuela tendrá que hacerse. No se podrá resolver la crisis educativa de la pandemia si no se reconoce su cuerpo problemático, si no se hace, sus efectos seguirán manifestándose por años. Esto debe suponer la disección de la política educativa en curso, la revisión de las capacidades de liderazgo educativo nacional, la pertinencia curricular a la luz del sismo pandémico, la eficacia operativa de la estructura escolar frente a la crisis, el alcance y formas de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la funcionalidad educativa de la relación docente – alumno en los planos presencial y a distancia. Valoraciones preliminares indican que el rezago de aprendizajes es tal que determinará la caída de los ingresos en el futuro inmediato, tan solo por hablar de los efectos económicos. Para mejor entendimiento deberá comprenderse las implicaciones de que haya caído el promedio de escolaridad de los mexicanos que venía siendo de 9.7 años. La revisión de la escuela deberá poner atención particular en la manera en que el sistema está respondiendo en las zonas de población pobre o marginada. Es el sector más golpeado por el abandono y la inoperancia de los métodos que se pusieron en práctica. Ahí se vive una amarga realidad: una buena cantidad de escuelas permanecen cerradas desde hace casi dos años, en otras los educandos no conocen a sus maestros y en casi todas, la modalidad pomposamente llamada a distancia es por completo inoperativa y ha devenido en una simulación que es antítesis de toda pedagogía. La crisis pandémica ha dejado al descubierto, también, dos realidades dolorosas que deben abordarse. La primera, que para las políticas educativas y la operación de la SEP los educandos no son el sujeto principal; la segunda, que, ante esta crisis, la autonomía profesional de los docentes hizo mutis y hasta ahora no ha tenido, en la mayoría de los casos, la capacidad para resignificar su función educadora y el compromiso ético con sus alumnos, más allá por supuesto de las debilidades institucionales del contexto.

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El extraño mensaje

«Don Julio, secuestraron a mi esposo Guillermo hoy», fue el mensaje que recibí a las 12:05 del lunes 6 de diciembre. Releí más de tres veces el texto para confirmar que lo que estaba escrito era lo que entendía. Este tipo de noticias son las que quisiéramos que nunca sucedieran. Para mala fortuna son tan frecuentes que cientos de miles de hogares en México las han vivido y seguirán sufriendo en estos oscuros tiempos de impotencia. Apenas el 26 de noviembre en la Tercera Mesa de Trabajo Ambiental, ante autoridades federales, estatales y municipales, y cientos de representantes de las comunidades de Madero, Guillermo Saucedo denunció que estaba recibiendo amenazas. El martes 30 de noviembre, una semana antes del secuestro, en cumplimiento de los acuerdos del 26, coordinados con autoridades ambientales se puntualizó la intervención en predios denunciados para hacer valer las leyes correspondientes. No era la primera vez que ocurría. En el mes de mayo y junio pasados, en los días en que, junto con decenas de pobladores del Terrenate, el Zangarro, Moreno, San Pedro y Villa Madero, realizamos recorridos por predios talados, con cambio de uso de suelo o premeditadamente calcinados, llegaron amenazas intimidatorias. Sin embargo, cometimos un error, no denunciamos ni socializamos. Fuimos ingenuos, no creímos que las fueran a materializar. No lo creímos porque supusimos que tales amenazas podían provenir del estado animoso y ocasional de quienes se han llenado los bolsillos haciendo cambio de uso de suelo e instalando sistemas productivos de aguacate. También candorosamente supusimos que asistirían a las mesas de trabajo para dialogar sobre el problema y dentro del marco de la ley estableceríamos soluciones, como sí lo hicieron algunos huerteros pequeños. No es un secreto para nadie que el crecimiento galopante de los cultivos aguacateros ilegales y de frutillas, cruza su camino con el de la delincuencia organizada en un punto preciso: la generación de riqueza que tanto va a las manos de aguacateros como también a las de la delincuencia a través de vías diversas. Tampoco se puede ocultar, como la prensa ya lo ha documentado desde los tiempos del terror «templario», que una buena cantidad de huertas ilegales ―y también legales― son administradas por gerentes de la delincuencia, y que en muchos desarrollos de aguacateras inmobiliarias está presente el hampa o sirven de lavaderos. Es en este contexto que ocurre el secuestro de Guillermo que concluyó con su liberación 10 horas después. Un evento extraño en el que los secuestradores trataron de subrayar que a ellos «les valía madre el medio ambiente o que la gente tumbara pinos» en cambio lo acusaban de haberle «puesto el dedo» a un delincuente recién capturado con armas largas en la sierra de Madero, asunto que le es completamente ajeno. El secuestro de Guillermo ha hecho notar la completa vulnerabilidad de los activistas que luchan por el derecho humano a un medio ambiente sano. La violencia contra el ambientalismo tiene un origen sistémico, es decir, se incuba en los entretelones del poder económico que comparten muchos aguacateros, políticos y personajes de la delincuencia. La urgencia de una política ambiental seria y con efectos prácticos inmediatos, que tenga como propósito el ataque frontal a la impunidad, que se asuma sustentable en la búsqueda de alternativas productivas, y de una política eficaz de protección de los ambientalistas, es una tarea que tiene el deber de cumplir el gobierno de Michoacán. Si en Madero hay predios con cambio de uso de suelo en curso y huertas aguacateras recién plantadas, vigiladas día y noche por personas con armas de alto poder, no se puede concluir que lo estén haciendo con apego a la constitución. Por cierto, ¿Estos son los cultivos que Apeam respalda como el motor del desarrollo agropecuario de Michoacán, cuidadosos de los bosques y el aprovechamiento sustentable del agua? Se reconoce que más de la mitad de estos cultivos están en la ilegalidad. Dos son los factores constitutivos de la inseguridad que viven los activistas ambientales: la impunidad y la corrupción que carcome a las instituciones. Impunidad que hace creer a los aguacateros ilegales que la ley es para servirlos y que en su territorio el Estado son ellos; corrupción que se ha constituido en camino pavimentado para que los ecocidas arrasen con la naturaleza presentándose como protagonistas del desarrollo y del progreso. El mensaje de fondo que envían los hechores es un mensaje preciso de poder absoluto sobre las personas, la economía y el territorio, como lo están haciendo en tantos lugares del país. Es una realidad que no solo se ha repetido en la historia reciente, sino que viene en crecimiento. Es un hecho reconocido que en el sector aguacatero se vive un clima de inseguridad que transita en distintas direcciones. Pero esta realidad parece ser atendida desde una perspectiva surrealista, por ejemplo, se decide escoltar caravanas de tráileres aguacateros para evitar el robo, pero se cruzan de brazos frente a la inseguridad que sufren las personas. Otra cosa fuera si con esa misma voluntad operaran protocolos de protección sobre los activistas ambientales, digamos, nada más para balancear el criterio de prioridad, no vaya a ser que en los hechos tengan más protección los aguacates que la vida humana. Por fortuna Guillermo retornó con vida a su casa y al lado de su familia, en gran parte gracias a la enorme difusión que tuvo el acontecimiento y las generalizadas muestras de solidaridad. Sin embargo, el mensaje es claro y reiterado, hay poderes fácticos que han trascendido a las leyes y al Estado. La lección, son poderes fácticos que solo se pueden acotar con la organización y la participación consciente de la ciudadanía. La mala noticia: terrible enterarse que hay instituciones como la Guardia Nacional (Madero) que tienen órdenes explicitas de no intervenir frente a los grupos delincuenciales.

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La pesadilla

Cuando llegó la hora de los discursos vino el momento de más entusiasmo, al menos entre la élite política que había recuperado el control del poder. Con el pecho erguido se dirigió al podio con paso marcial. Ordenó las hojas que estaba por leer con lentitud calculada. Sus ojos recorrieron, de extremo a extremo, la multitud de generales, coroneles, oficiales y tropas. En el silencio que imponía aquella disciplina se colaba el sonido de los ventarrones de febrero que chocaban en los edificios y en los cuerpos de los militares. Habló de Madero, de las virtudes del demócrata fallido, acribillado por las balas de la infamia y la traición, pero sobre todo alzó la voz al referirse a la ética de las fuerzas armadas, iluminada por la congruencia heroica de los muchachos del Colegio Militar, que acompañaron al presidente Madero durante el cuartelazo. La lealtad de las fuerzas armadas a la patria, ―volteó a ver la cara relajada del presidente― es la condición que justifica nuestra existencia. Una batería de aplausos provenientes de la tribuna rubricaron su dicho. Hizo un espacio, se irguió aún más y se agarró de los bordes de madera del podio, como si fuera a expulsar de su pecho algo muy importante, …y la lealtad a la patria, presidente Enrique Peña Nieto, no puede ser plena si no se manifiesta como lealtad a usted y al partido que gobierna con toda legitimidad. Señor presidente, cuente con las fuerzas armadas para la conducción política de este México que tanto queremos. Las bandas de guerra y la orquesta militar estallaron de júbilo. El presidente Peña Nieto, embelesado por la declaración, estrechó en un sincero y fuerte abrazo al general. Su cara no ocultaba la dicha y podía adivinarse que su mente se divertía imaginando los venturosos escenarios políticos que estaban por venir. Sin embargo, el general Cienfuegos se había tardado dos años en concederle el preciado obsequio. La prensa especulaba con la tardanza, expresaba que el distanciamiento debilitaba de manera progresiva la fuerza del habitante de los Pinos, que por cierto ya la venía perdiendo por torpezas imperdonables. Hubo algunos analistas que en afán optimista adelantaron que estaba llegando a su fin la era del empoderamiento de los militares en los asuntos económicos y políticos del país. Una era que tuvo sus inicios en el sexenio de Felipe Calderón, quien con tal de meter a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, les entregara obras al por mayor y dinero sin cortapisas. En agradecimiento los militares en voz del Secretario de la Defensa Guillermo Galván Galván, y para que no se cerrara la generosa llave del presupuesto, inauguraron de inmediato la ceremonia de la fidelidad personal y política al primer mandatario. Un apoyo por cierto, que no le alcanzó para que su partido ganara la elección del 2012, pues pesaron más los miles de muertos, de los que por cierto la sociedad también culpaba a las fuerzas armadas. Habrá que decirlo, en esos 12 años de romance político, que terminó por pintar de verde olivo la vida nacional, la oposición denunció con virulencia en la prensa del país y del mundo la militarización de México y exigió el regreso de los militares a los cuarteles. Se decía, y con mucha razón, que la vida democrática estaba en riesgo y que los peligros eran enormes, que la descarada mancuerna política y económica del presidente, ―que no del estado mexicano― con las fuerzas armadas abría las puertas del infierno. Así que el presidente Peña Nieto tuvo una preocupación menos, lograba después de refrendar e incrementar las concesiones económicas y políticas a los militare ―en las que se incluían postulaciones para gobernadores, senadores y diputados, aprovechando su influencia en las zonas militares― la confirmación del pacto político, no mejor expresado por su Secretario de la Defensa, general Cienfuegos Zepeda. Como en los tiempos de Calderón, al día siguiente la prensa y la oposición levantaron la voz y afinaron sus augurios: consolidación de la militarización del país, la instalación firme del autoritarismo, la muerte de la sociedad civil, la contrarreforma electoral para garantizar el acceso de los militares en funciones al poder político, la distorsión del presupuesto… Afortunadamente era una pesadilla, algo tan ingrato no puede pasar en el país. Los mexicanos tenemos memoria de lo que ha significado la intromisión del poder militar en la política; la izquierda (o lo que se llame izquierda) tiene una posición muy consecuente frente al militarismo y las fuerzas armadas; la sociedad es ante todo civilista y su economía no podrá ser eficiente como economía de guerra. Un mal sueño como sea pasa … espero que nunca pase en verdad.

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Resistencia al desastre

Durante horas la caravana de vehículos caminó por la sierra. Un centenar de hombres y mujeres fueron señalando una tras otra las numerosas huertas de aguacate recién plantadas. En todas se miraban los restos de árboles calcinados, de troncos con la raíz desnuda, de árboles talados. Todas las cañadas por las que corren o corrían arroyuelos, o que albergaban manantiales, exhiben las heridas de las plantaciones ilegales. Estas cañadas hasta hace un par de años proveían de agua a numerosas comunidades. La pandemia cayó como anillo al dedo a los huerteros. Aprovecharon el confinamiento y la ausencia de los gobiernos federal, estatal y municipal para expandirse con inusitada velocidad al margen de las leyes. Lograron arrebatarle a los bosques de pino y encino casi 500 hectáreas de un jalón. El reclamo social por el ecocidio permanente se había asomado desde hace un lustro. Ahora que los equilibrios han sido rotos de manera definitiva la indignación pública ha remontado y no cesará. Y no hay manera de que se mitigue porque las afectaciones han llegado con violencia a cada hogar, y lo han hecho para no marcharse. La pérdida de manantiales y el acaparamiento de aguas en tierras altas han profundizado las carencias de los pueblos. Sin agua no sólo la vida humana es imposible, tampoco las actividades productivas como la agricultura y la ganadería. En varias huertas ilegales la caravana colocó lonas de clausura cívica. Es una acción que legalmente les corresponde a la Profepa, Semarnat, Proam, Semaccdet, Cofom y Conafor, pero ante su ausencia era preciso que los ciudadanos hicieran notar su desacuerdo y clamor por la aplicación del estado de derecho. En la caravana hubo indignación y exigencia para que todas las huertas ilegales fueran canceladas y tumbadas. —Son ellos los que están violando la ley, son ellos los delincuentes, son ellos los que nos están agraviando y cancelando nuestro legítimo derecho al agua y a la vida. En su lugar debemos plantarles pinos y encinos para que estos predios se regeneren y regrese la normalidad a nuestros pueblos. Se decidió esperar la respuesta de las instituciones que deben hacer cumplir la ley. Pero el empecinamiento de estos huerteros por violentar la ley lo comprobó la caravana en las Carboneras. En este lugar la Profepa clausuró el predio de alrededor de 15 hectáreas por tala ilegal y cambio de uso de suelo. No pasaron tres semanas para que quitaran la lona de clausura y continuaran con plena impunidad instalando la huerta. —Mire, todo esto es un desastre, en todas las cañadas por donde corre agua nos han plantado aguacates. Lo que queremos es que esas tierras vuelvan a ser bosques nuevamente. Ellos nunca le pidieron opinión a las comunidades, todo lo hicieron a las escondidas. Por las noches las motosierras rugían imparables hasta el amanecer. Ahí está el resultado. —Mire, en el puerto de los Sauces, allá por Acatén, aquello está para llorar. De un solo trancazo están destruyendo más de 50 hectáreas. —También nosotros somos culpables porque hemos permitido que nuestros vecinos vendan sus bosques a sabiendas de que los quieren para desmontar y plantar aguacate. Las comunidades debemos tomar acuerdos para que esto ya no siga ocurriendo. —Eso de constituir por cada comunidad un Comité Cívico de Defensa del Medio Ambiente, me parece muy bueno. Porque para enfrentar el poder de los aguacateros ilegales y la sordera del gobierno solamente organizados y moviendo a todas las comunidades podremos lograr algo. La caravana llegó a la sierra de Moreno, caminó por Quince Pasos, y en todos los lugares están las evidencias de la ilegalidad. Los pobladores reflexionaron en que esta tragedia está ocurriendo ahora mismo en las sierras michoacanas. —A ver, dígame, por qué el gobierno cierra los ojos a conveniencia de estas gentes que nos están agraviando. ¡Esta destrucción debe parar! Cuando no es la tala ilegal es el cambio de uso de suelo o son los incendios provocados, los cañones antigranizo, la construcción de monstruosas ollas ilegales o es la contaminación de sus plaguicidas. ¡Qué afán de perjudicarnos, oiga! Entrada la tarde la caravana concluyó su recorrido con más indignación que antes, con un sentimiento ácido de impotencia y con una profunda desconfianza en la voluntad gubernamental para corregir este caos, pero con la convicción de que esta causa habrá de prevalecer por años con la participación irreversible de los ciudadanos de Madero. —Y es que ya no queda de otra, ellos comenzaron a destruir los bosques hace rato y no van a parar si nosotros no lo impedimos. Nos están arrebatando la vida. —¿Qué le diremos al gobierno? pues que haga cumplir la ley, que las huertas ilegales deben ser tumbadas para plantar de nuevo los bosques; que esos señores deben indemnizarnos a todos los que hemos resultado afectados; debe quedarles claro que no queremos más huertas ilegales, tampoco tala ilegal y cambio de uso de suelo; que queremos de vuelta nuestros manantiales, que deben clausurarse los centenares de ollas concentradoras —también ilegales—, que los escurrimientos deben seguir el cauce que nuestros abuelos aprovechaban. —¡Resistiremos al desastre que se nos impone!

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Revirtiendo la era Trump

Quizá uno de las facetas más deplorables del gobierno de Donald Trump fue su visión hacia la migración y hacia los migrantes. Mediante órdenes ejecutivas, amenazas constantes y políticas inhumanas, Trump se dedicó a torpedear todo lo relacionado a la migración, fuera esta regular o irregular. El ideólogo de esta política fue uno de los personajes más siniestros de la era Trump, su asesor Stephen Miller, cercano al discurso del supremacismo blanco, nativista y xenófobo. Las medidas incluían la prohibición de ingreso de migrantes de países específicos (principalmente aquellos de mayoría musulmana), mayores restricciones a los refugiados y solicitantes de asilo, o incluso el generar temor entre grupos de potenciales inmigrantes. Las consecuencias de esa andanada contra la inmigración fueron terribles. En 2018, cuando miles de familias centroamericanas cruzaron México buscando llegar a los Estados Unidos, el Departamento de Justicia ordenó el arresto de cualquier persona que ingresara a aquel país sin autorización. Esto ocasionó la separación de cientos de familias, e incluso la separación de bebes lactantes de sus madres. El entonces Fiscal General Jeff Sessions, incluso declararía “necesitamos llevarnos a los niños”, pues con ello pretendían generar temor e inhibir la migración. La indignación nacional e internacional obligó al gobierno de Trump a cambiar de estrategia. Buscaron rechazar a los solicitantes de asilo mediante la revisión exhaustiva de los trámites administrativos y obligando a que las solicitudes solo fueran aceptadas a personas que llegaran a cruces fronterizos aprobados; aun cuando la ley establecía que cualquier persona puede solicitar asilo una vez esté en territorio estadounidense. En esos cruces, los solicitantes de asilo se vieron obligados a esperar días e incluso semanas, en largas filas solo para tener la oportunidad de acercarse a la frontera y presentar su solicitud. La Administración Trump llenó la junta de apelaciones de inmigración con personas designadas por Trump, con resultados predecibles: aumentaron los rechazos. De manera paralela, Trump recurrió a la amenaza de imponer aranceles a las importaciones mexicanas para obligar a que México tomara medidas más enérgicas en contra de la migración centroamericana, y para que además aceptara que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperaran en el lado mexicano de la frontera en tanto sus casos se resolvían en los tribunales estadounidenses. Fue la política conocida como “Remain in Mexico” o “Quédate en México”. Aquí cabe precisar que el Derecho al Asilo es un derecho humano consagrado en instrumentos internacionales, y que toda persona tiene derecho a solicitarlo. Por su parte, un refugiado es aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida por perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se ve obligada a abandonar su país de origen o residencia. En tal contexto, un refugiado puede solicitar asilo, pues de regresar a su país, su vida o su integridad se verán en riesgo. Y en ese sentido, uno de los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es el Principio de No Devolución (o no refoulement), que establece que "ningún Estado podrá [...] poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre [...]". Aún con lo anterior, el gobierno de Trump insistió en su programa “Remain in Mexico”, y ante la presión, el gobierno del presidente López Obrador cedió. Por un lado, endureció su política migratoria y desplegó a la recién creada Guardia Nacional en la frontera sur con el objetivo manifiesto de frenar y detener a los migrantes, pese a que en nuestro país la migración irregular no es un delito. Por otro lado, México se convertiría de facto en lo que se conoce como Tercer País Seguro que, a grandes rasgos se refiere a que cuando una persona sale de su país y solicita asilo en otro, este último puede negarse a recibirlo y enviarlo a un tercer país que pueda garantizarle condiciones mínimas de seguridad. El problema, es que México no cuenta con la infraestructura ni con la capacidad para atender a esos migrantes que han solicitado asilo en los Estados Unidos, y mucho menos puede garantizarles seguridad. Pese a ello, el gobierno mexicano aceptó ser cómplice, ya fuera por presiones o por acuerdo, de las políticas antiinmigrantes de Trump. Eso se tradujo en violaciones graves a los Derechos Humanos de los migrantes y en enormes costos sociales para nuestro país. Revertir las crueles, inhumanas y racistas políticas de Trump será complicado, sin embargo, con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca todo parece indicar que el proceso se ha iniciado. Una buena noticia en ese sentido es que el pasado 1 de junio el gobierno estadounidense puso fin formalmente al programa “Remain in Mexico”. Es un paso en la dirección correcta por parte del gobierno de Biden, pero el camino aún es largo.

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¿Legalizar el cambio de uso de suelo?

Aún no salgo de mi asombro. Creí que era una broma de mal gusto, pero no. Lo confirmé. En el Congreso del Estado se ha presentado una iniciativa para autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Apenas el 5 de abril de este año se publicaba en el periódico oficial del gobierno de Michoacán la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo, que representa un modesto avance en materia ambiental. De manera singular vimos con satisfacción que se adoptaran nueve principios cruciales para el cuidado medio ambiental y con ello hacer valer el derecho humano de los michoacanos a un medio ambiente sano. La nueva ley reconoce como principios, el de cooperación, como vía para atender los problemas ambientales que afecten el bien común; el de prevención, basado en la responsabilidad de todas las personas físicas y morales; el de desarrollo sustentable, que debe asegurar que se alcancen las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras; el de responsabilidad común; el de precaución, mediante el cual la autoridad debe impedir la realización de una eventual obra o actividad con posibles impactos negativos en el medio ambiente; el de que quien contamina paga; el de globalidad; el de sostenibilidad, mediante el cual se impulsa el desarrollo armonizado entre medio ambiente y crecimiento económico; y, el de responsabilidad compartida. No han transcurrido más de 5 semanas y ya ha ingresado al Congreso una iniciativa regresiva para autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Es curioso que la exposición de motivos contradictoriamente reconozca la gravedad del cambio climático, las afectaciones por incendios forestales y el crecimiento ilegal de la tala y el cambio de uso de suelo para concluir en una propuesta adversa a la integridad de los bosques. Del reconocimiento de la no aplicación de la ley para detener la devastación se pasa a proponer no un instrumento legal para que las instituciones la hagan valer sino a una iniciativa claudicante para de plano otorgar los cambios de uso de suelo. Eso sí, que demuestre el solicitante en un estudio técnico que dicho cambio hará más productivo a largo plazo el nuevo uso o uso alternativo. ¡Adiós sustentabilidad y sostenibilidad! La iniciativa pretende adicionar la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo y busca que la Comisión Forestal del Estado autorice el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal, con base en estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad... ¿?. La iniciativa es una franca claudicación al deber ético para con la conservación de los bosques michoacanos y la biodiversidad que albergan. Es además, una concesión insensata que estimulará el ya de por sí arrasador cambio de uso de suelos forestales que hemos presenciado en los últimos años con funestas consecuencias para los ecosistemas que habita la población humana del estado. Quien presentó la iniciativa no debiera de ignorar que en los últimos 32 años, de 1989 a la fecha, Michoacán ya ha perdido casi el 70 % de sus bosques y los ecosistemas que los habitaban; que dicha pérdida nos está impactando en la desaparición de zonas de recarga hídrica y contribuido a la desertificación de una parte importante de nuestro territorio; que esta pérdida de enorme magnitud ha puesto en condición de irreversible la capacidad de regeneración de los ecosistemas exterminados. Dicha iniciativa debería de ser rechazada con vergüenza y pudor por el pleno del poder legislativo ya que contradice de manera total el contenido aprobado en la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán. O se está por el medio ambiente y el compromiso con la sostenibilidad o se claudica y se entregan los bosques a la barbarie ecocida del cambio de uso de suelo, ahora con la autorización legal para hacerlo. Terminar con el cambio de uso de suelo no pasa por su autorización legal. Frenarlo, es cierto, supone múltiples acciones en materias tan diversas como el desarrollo económico alternativo, la educación, la política social, la promoción cultural, la seguridad pública o la sanción legal. Abrir la puerta para legalizarlo será tanto como asestar la estocada final a los bosques michoacanos. De lo que se trata es de frenar este grave problema no de estimularlo. La visión productivista de la iniciativa deja de lado el valor ambiental que por sí mismos tienen los bosques y sus ecosistemas y lo que representan para nuestra civilización. Esperamos que la sensatez impere en el Congreso Local, prevalezcan los criterios de la ley publicada en abril y dicha iniciativa no pase. Esperemos también una respuesta contundente de los ambientalistas michoacanos, pueblos, ciudades, y pobladores de los bosques para frenar su aprobación.

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Israel y Palestina, la ilusión de los dos Estados

La actual crisis y el escalamiento de tensiones entre israelíes y palestinos parece ser el último clavo a la llamada “solución de dos Estados”. Durante décadas se planteó la idea de que una vía para solucionar el conflicto era la creación de dos estados separados e independientes, Israel y Palestina. Esa idea ha muerto. El hecho, sin embargo, no es sorpresa. Pero aclaremos un poco la situación. El territorio en disputa es el comprendido entre el rio Jordán y el mar mediterráneo, y entre Egipto al sur y Líbano al norte. La mayor parte del mismo corresponde al estado de Israel. En ese territorio viven casi 14 millones de personas, de los cuales aproximadamente la mitad son palestinos; unos dos millones de los cuales viven “sitiados” en la Franja de Gaza, gobernada de facto por la organización terrorista Hamás, y casi tres millones en la región conocida como Cisjordania, ocupada y administrada parcialmente por Israel en un 60% y por la Autoridad Nacional Palestina en un fragmentado 40%. En esos territorios ocupados de Cisjordania, Israel ha construido y expandido asentamientos, en los que actualmente viven más de medio millón de colonos judíos, lo que agrava la situación, pues hace casi imposible que en un futuro Israel acepte cederlos a un hipotético estado Palestino. Por su parte, los líderes palestinos también han cometido errores garrafales. La Organización para la Liberación de Palestina, de Yasser Arafat, lideró durante décadas la lucha armada en contra de Israel, teniendo como objetivo manifiesto su aniquilación. Y aunque desde finales de los ochenta cambió su postura y aceptó la “solución de dos estados”, la realidad es que para entonces la OLP estaba ya muy debilitada y vio esto como una vía para recuperar su influencia y relevancia, pero no repararon en que esto significaba permitir que los derechos fundamentales de los palestinos fueran objeto de negociaciones a tres bandas en las que siempre serían la parte más débil. Esto condenó a los palestinos a esperar un acuerdo que, en la práctica, estaba destinado al fracaso. Sumado a ello, los grupos extremistas y radicales, como la organización terrorista Hamás, que ha ocupado los vacíos de poder dejados por la Autoridad Palestina, continúan sin aceptar la existencia de un estado judío. En ese escenario, debemos aceptar que la solución de dos estados es, y siempre fue, una ilusión. Y que no ha sido más que un parapeto tras el cual se escudan las grandes potencias al tiempo que le permiten a Israel hacer y deshacer a voluntad. El debate entonces no es si hay o habrá un solo Estado, sino qué tipo de Estado debería ser, y en tal sentido, los esfuerzos deberían concentrarse en que este se constituya como un estado binacional compartido, en el que se garantice la igualdad de derechos para israelíes y palestinos. El camino por supuesto no es sencillo. Pasa primero por alejarse de los extremismos y las luchas de poder internas en cada lado, desde Hamás y su radicalismo terrorista por un lado, a Netanyahu y su cercanía a la extrema derecha israelí, por el otro. Y pasa, sobre todo, por que palestinos e israelíes se reconozcan unos a otros y dejen de verse como enemigos, a efecto de llegar a una paz negociada. Insisto, no es para nada sencillo, pero la alternativa es la perpetuación de un conflicto cuyos costos humanos son inmensos.

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Tensión en Medio Oriente

En los últimos días se ha incrementado la tensión entre Israel y Palestina tras semanas de enfrentamientos y manifestaciones en Jerusalén. El lunes por la mañana, alrededor de 300 palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía en las inmediaciones de la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados del Islam. Esa misma noche, militantes de Hamás, dispararon cohetes hacia Jerusalén por primera vez en años, causando la muerte de tres israelíes. Israel respondió con ataques aéreos hacia la Franja de Gaza que se prolongaron hasta la madrugada de este martes, como consecuencia, al menos 28 personas murieron, entre ellos nueve niños. Pero ¿qué ha originado esta escalada de tensiones? En Israel, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu se enfrenta a una crisis política y a acusaciones de corrupción. En su búsqueda por sobrevivir, se ha acercado y aliado con sectores de extrema derecha. Por otro lado, se suma el conflicto generado en torno a Sheikh Jarrah, un barrio predominantemente palestino de Jerusalén y que ha sido testigo de enfrentamientos con nacionalistas israelíes. El motivo, la añeja batalla legal por la que un grupo de colonos israelíes busca desalojar y remplazar a familias palestinas –mayormente refugiados- de los hogares en que han vivido durante décadas. Los ciudadanos palestinos de Israel, así como los palestinos en Cisjordania y los países árabes vecinos, han estado realizando protestas en solidaridad con Sheikh Jarrah. Por su parte, Palestina vive un vacío de poder. A finales del mes pasado, el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que controla partes de Cisjordania, anunció que pospondría las que serían las primeras elecciones en 15 años. Tales elecciones se habrían de llevar a cabo en Cisjordania (ocupada por Israel desde 1967), la Franja de Gaza y Jerusalén Este. Sin embargo, hubo dos grandes obstáculos. Por un lado, quien gobierna de facto en Gaza no es la Autoridad Palestina, sino la organización yihadista Hamás, que ya ha librado tres guerras con Israel. Y, por otro, el gobierno de Israel, que controla también Jerusalén Este, le ha prohibido a la autoridad palestina operar en dicho territorio que, dicho sea de paso, es donde se ubican algunos de los sitios más sagrados para el judaísmo, el cristianismo y el islam, como el Muro de los lamentos, el Santo Sepulcro o la Explanada de las Mezquitas. Todo lo anterior le dio a Abbas argumentos para la cancelación de las elecciones. En tal contexto, las restricciones israelíes sobre el acceso a la Mezquita de Al-Aqsa, en donde se reunieron grupos de palestinos para observar el mes sagrado del Ramadán, no hicieron otra cosa más que aumentar la tensión con los resultados ya comentados antes. La situación no es sencilla, ambos lados se preparan una escalada aún mayor. El riesgo de que estalle una guerra abierta entre Israel y Hamás, lo que no ha sucedido desde 2014, es alto. Al momento, Hamás ha continuado lanzando misiles hacia Israel, la mayoría han sido interceptados por el sistema de defensa israelí conocido como Cúpula de Hierro. Por su parte, Israel también ha continuado con los ataques aéreos a Gaza, donde la población civil se encuentra totalmente desprotegida. El tema no es menor, pues una crisis que pudiera pensarse local, tiene el potencial de desestabilizar aún más a toda la región del Medio Oriente, y eso a su vez puede tener consecuencias globales. Por tanto, es necesario que la comunidad internacional apoye en destensar la situación, buscando que el diálogo le gane a la retórica y que la precaria paz prevalezca.

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¿Es acaso la ruta de la violencia?

Si algo no debe ser tolerado jamás en una democracia es la violencia. Sea esta verbal o física siempre será un corrosivo degradante de los vínculos sociales. La violencia, insistimos, en cualquiera de sus expresiones siembra confrontación y es constitutiva de una espiral ascendente que daña a todos. Y si esta violencia se expresa en los procesos electorales su ponzoña es aún más letal. Alimenta la desconfianza pública y puede derivar en la deslegitimación de todo el proceso. Sobre todo, induce a creer que las instituciones democráticas son débiles y que las reglas son ineficaces para contener a quienes se proponen descarrilar la acción pacífica de los ciudadanos para la alternancia política. La violencia en una sociedad con incipiente democracia, como la nuestra, alienta al autoritarismo y a sus personeros a ofrecer políticas rígidas, restriccionistas en el ámbito de los derechos y militarista en el campo de los medios para contenerla. El miedo así ocasionado entre la población suele demandar dureza, independientemente de donde proceda y provoca el distanciamiento cívico de la actividad política. Los tres eventos de violencia contra candidatos de tres distintos partidos ocurridos en Michoacán en los últimos días de la semana pasada, más la constelación de actos semejantes que incluso les han costado la vida a varios aspirantes a puestos de representación popular en otras entidades del país, deben alarmarnos a todos. La constancia con la que se están cometiendo configura una ruta de sistematicidad que se aleja mucho de la percepción de eventos aislados. Es decir, la violencia, los violentos están actuando en una ruta evidente que debe movernos a la reflexión y a la acción a las instituciones responsables de la salvaguarda de la seguridad. Las propias autoridades federales y estatales aceptan la existencia de denuncias interpuestas por actores políticos en las cuales refieren ser objeto de amenazas, ya sea para abandonar la contienda o de plano para alinearse en una perspectiva sugerida. Son amenazas que provienen de los grupos del crimen organizado que operan en los territorios de su influencia y que están metidos de lleno en el proceso electoral. El costo que nuestra democracia continúa pagando por una estrategia errática, concesionista o francamente omisa del gobierno federal, que lo mismo ofrece abrazos a los criminales, que libera capos detenidos o que hace apología de las atenciones a la madre de uno de los criminales, se hace presente con la certidumbre de impunidad ante su público actuar criminal y ante sus amagos a los contendientes electorales. Desde hace décadas es una verdad que se documenta en investigaciones periodísticas la actividad intensa de los cárteles del crimen en la elección de representantes populares. Así lo fue en sexenios pasados y lo está siendo en el presente. La manera trágica ꟷy dolorosa para la poblaciónꟷ en que terminaron algunas administraciones estatales o municipales siempre ha sido el corolario de estas historias infames. Incluso la sospecha de la “operación política” del crimen en pro de candidatos presidenciales no ha dejado de desvanecerse. El trato que los mandatarios en turno prodigan a uno u otro cartel del crimen parece confirmarlo. El gobierno federal y el estatal tienen el imperioso deber de frenar la espiral de violencia que trata de apoderarse del proceso electoral en el estado. Y es imprescindible que desde palacio nacional se abandone por completo el discurso de confrontación y odio que a diario se alienta y que es secundado también por grupúsculos que interpretan tales mensajes como el programa con el que deben actuar. Cada acto de violencia física o verbal son una cuchillada a nuestra democracia. Es el degüello de la razón, de las ideas y de las propuestas. Tales actos no deben tener cabida en nuestra cultura política, deben ser repudiados de manera firme por los ciudadanos y no deben encontrar ningún resquicio de impunidad por las instituciones del Estado mexicano. El Estado mexicano, además, debe enviar mensajes duros desde la coerción legal a los grupos criminales para mantenerlos alejados de la acción político – electoral. Debe garantizar con firmeza y eficacia la seguridad de todos los contendientes de otra manera estaremos en la certera ruta de la violencia sistemática contra la democracia.

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