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Resistencia al desastre

Durante horas la caravana de vehículos caminó por la sierra. Un centenar de hombres y mujeres fueron señalando una tras otra las numerosas huertas de aguacate recién plantadas. En todas se miraban los restos de árboles calcinados, de troncos con la raíz desnuda, de árboles talados. Todas las cañadas por las que corren o corrían arroyuelos, o que albergaban manantiales, exhiben las heridas de las plantaciones ilegales. Estas cañadas hasta hace un par de años proveían de agua a numerosas comunidades. La pandemia cayó como anillo al dedo a los huerteros. Aprovecharon el confinamiento y la ausencia de los gobiernos federal, estatal y municipal para expandirse con inusitada velocidad al margen de las leyes. Lograron arrebatarle a los bosques de pino y encino casi 500 hectáreas de un jalón. El reclamo social por el ecocidio permanente se había asomado desde hace un lustro. Ahora que los equilibrios han sido rotos de manera definitiva la indignación pública ha remontado y no cesará. Y no hay manera de que se mitigue porque las afectaciones han llegado con violencia a cada hogar, y lo han hecho para no marcharse. La pérdida de manantiales y el acaparamiento de aguas en tierras altas han profundizado las carencias de los pueblos. Sin agua no sólo la vida humana es imposible, tampoco las actividades productivas como la agricultura y la ganadería. En varias huertas ilegales la caravana colocó lonas de clausura cívica. Es una acción que legalmente les corresponde a la Profepa, Semarnat, Proam, Semaccdet, Cofom y Conafor, pero ante su ausencia era preciso que los ciudadanos hicieran notar su desacuerdo y clamor por la aplicación del estado de derecho. En la caravana hubo indignación y exigencia para que todas las huertas ilegales fueran canceladas y tumbadas. —Son ellos los que están violando la ley, son ellos los delincuentes, son ellos los que nos están agraviando y cancelando nuestro legítimo derecho al agua y a la vida. En su lugar debemos plantarles pinos y encinos para que estos predios se regeneren y regrese la normalidad a nuestros pueblos. Se decidió esperar la respuesta de las instituciones que deben hacer cumplir la ley. Pero el empecinamiento de estos huerteros por violentar la ley lo comprobó la caravana en las Carboneras. En este lugar la Profepa clausuró el predio de alrededor de 15 hectáreas por tala ilegal y cambio de uso de suelo. No pasaron tres semanas para que quitaran la lona de clausura y continuaran con plena impunidad instalando la huerta. —Mire, todo esto es un desastre, en todas las cañadas por donde corre agua nos han plantado aguacates. Lo que queremos es que esas tierras vuelvan a ser bosques nuevamente. Ellos nunca le pidieron opinión a las comunidades, todo lo hicieron a las escondidas. Por las noches las motosierras rugían imparables hasta el amanecer. Ahí está el resultado. —Mire, en el puerto de los Sauces, allá por Acatén, aquello está para llorar. De un solo trancazo están destruyendo más de 50 hectáreas. —También nosotros somos culpables porque hemos permitido que nuestros vecinos vendan sus bosques a sabiendas de que los quieren para desmontar y plantar aguacate. Las comunidades debemos tomar acuerdos para que esto ya no siga ocurriendo. —Eso de constituir por cada comunidad un Comité Cívico de Defensa del Medio Ambiente, me parece muy bueno. Porque para enfrentar el poder de los aguacateros ilegales y la sordera del gobierno solamente organizados y moviendo a todas las comunidades podremos lograr algo. La caravana llegó a la sierra de Moreno, caminó por Quince Pasos, y en todos los lugares están las evidencias de la ilegalidad. Los pobladores reflexionaron en que esta tragedia está ocurriendo ahora mismo en las sierras michoacanas. —A ver, dígame, por qué el gobierno cierra los ojos a conveniencia de estas gentes que nos están agraviando. ¡Esta destrucción debe parar! Cuando no es la tala ilegal es el cambio de uso de suelo o son los incendios provocados, los cañones antigranizo, la construcción de monstruosas ollas ilegales o es la contaminación de sus plaguicidas. ¡Qué afán de perjudicarnos, oiga! Entrada la tarde la caravana concluyó su recorrido con más indignación que antes, con un sentimiento ácido de impotencia y con una profunda desconfianza en la voluntad gubernamental para corregir este caos, pero con la convicción de que esta causa habrá de prevalecer por años con la participación irreversible de los ciudadanos de Madero. —Y es que ya no queda de otra, ellos comenzaron a destruir los bosques hace rato y no van a parar si nosotros no lo impedimos. Nos están arrebatando la vida. —¿Qué le diremos al gobierno? pues que haga cumplir la ley, que las huertas ilegales deben ser tumbadas para plantar de nuevo los bosques; que esos señores deben indemnizarnos a todos los que hemos resultado afectados; debe quedarles claro que no queremos más huertas ilegales, tampoco tala ilegal y cambio de uso de suelo; que queremos de vuelta nuestros manantiales, que deben clausurarse los centenares de ollas concentradoras —también ilegales—, que los escurrimientos deben seguir el cauce que nuestros abuelos aprovechaban. —¡Resistiremos al desastre que se nos impone!

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Revirtiendo la era Trump

Quizá uno de las facetas más deplorables del gobierno de Donald Trump fue su visión hacia la migración y hacia los migrantes. Mediante órdenes ejecutivas, amenazas constantes y políticas inhumanas, Trump se dedicó a torpedear todo lo relacionado a la migración, fuera esta regular o irregular. El ideólogo de esta política fue uno de los personajes más siniestros de la era Trump, su asesor Stephen Miller, cercano al discurso del supremacismo blanco, nativista y xenófobo. Las medidas incluían la prohibición de ingreso de migrantes de países específicos (principalmente aquellos de mayoría musulmana), mayores restricciones a los refugiados y solicitantes de asilo, o incluso el generar temor entre grupos de potenciales inmigrantes. Las consecuencias de esa andanada contra la inmigración fueron terribles. En 2018, cuando miles de familias centroamericanas cruzaron México buscando llegar a los Estados Unidos, el Departamento de Justicia ordenó el arresto de cualquier persona que ingresara a aquel país sin autorización. Esto ocasionó la separación de cientos de familias, e incluso la separación de bebes lactantes de sus madres. El entonces Fiscal General Jeff Sessions, incluso declararía “necesitamos llevarnos a los niños”, pues con ello pretendían generar temor e inhibir la migración. La indignación nacional e internacional obligó al gobierno de Trump a cambiar de estrategia. Buscaron rechazar a los solicitantes de asilo mediante la revisión exhaustiva de los trámites administrativos y obligando a que las solicitudes solo fueran aceptadas a personas que llegaran a cruces fronterizos aprobados; aun cuando la ley establecía que cualquier persona puede solicitar asilo una vez esté en territorio estadounidense. En esos cruces, los solicitantes de asilo se vieron obligados a esperar días e incluso semanas, en largas filas solo para tener la oportunidad de acercarse a la frontera y presentar su solicitud. La Administración Trump llenó la junta de apelaciones de inmigración con personas designadas por Trump, con resultados predecibles: aumentaron los rechazos. De manera paralela, Trump recurrió a la amenaza de imponer aranceles a las importaciones mexicanas para obligar a que México tomara medidas más enérgicas en contra de la migración centroamericana, y para que además aceptara que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperaran en el lado mexicano de la frontera en tanto sus casos se resolvían en los tribunales estadounidenses. Fue la política conocida como “Remain in Mexico” o “Quédate en México”. Aquí cabe precisar que el Derecho al Asilo es un derecho humano consagrado en instrumentos internacionales, y que toda persona tiene derecho a solicitarlo. Por su parte, un refugiado es aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida por perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se ve obligada a abandonar su país de origen o residencia. En tal contexto, un refugiado puede solicitar asilo, pues de regresar a su país, su vida o su integridad se verán en riesgo. Y en ese sentido, uno de los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es el Principio de No Devolución (o no refoulement), que establece que "ningún Estado podrá [...] poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre [...]". Aún con lo anterior, el gobierno de Trump insistió en su programa “Remain in Mexico”, y ante la presión, el gobierno del presidente López Obrador cedió. Por un lado, endureció su política migratoria y desplegó a la recién creada Guardia Nacional en la frontera sur con el objetivo manifiesto de frenar y detener a los migrantes, pese a que en nuestro país la migración irregular no es un delito. Por otro lado, México se convertiría de facto en lo que se conoce como Tercer País Seguro que, a grandes rasgos se refiere a que cuando una persona sale de su país y solicita asilo en otro, este último puede negarse a recibirlo y enviarlo a un tercer país que pueda garantizarle condiciones mínimas de seguridad. El problema, es que México no cuenta con la infraestructura ni con la capacidad para atender a esos migrantes que han solicitado asilo en los Estados Unidos, y mucho menos puede garantizarles seguridad. Pese a ello, el gobierno mexicano aceptó ser cómplice, ya fuera por presiones o por acuerdo, de las políticas antiinmigrantes de Trump. Eso se tradujo en violaciones graves a los Derechos Humanos de los migrantes y en enormes costos sociales para nuestro país. Revertir las crueles, inhumanas y racistas políticas de Trump será complicado, sin embargo, con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca todo parece indicar que el proceso se ha iniciado. Una buena noticia en ese sentido es que el pasado 1 de junio el gobierno estadounidense puso fin formalmente al programa “Remain in Mexico”. Es un paso en la dirección correcta por parte del gobierno de Biden, pero el camino aún es largo.

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¿Legalizar el cambio de uso de suelo?

Aún no salgo de mi asombro. Creí que era una broma de mal gusto, pero no. Lo confirmé. En el Congreso del Estado se ha presentado una iniciativa para autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Apenas el 5 de abril de este año se publicaba en el periódico oficial del gobierno de Michoacán la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo, que representa un modesto avance en materia ambiental. De manera singular vimos con satisfacción que se adoptaran nueve principios cruciales para el cuidado medio ambiental y con ello hacer valer el derecho humano de los michoacanos a un medio ambiente sano. La nueva ley reconoce como principios, el de cooperación, como vía para atender los problemas ambientales que afecten el bien común; el de prevención, basado en la responsabilidad de todas las personas físicas y morales; el de desarrollo sustentable, que debe asegurar que se alcancen las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras; el de responsabilidad común; el de precaución, mediante el cual la autoridad debe impedir la realización de una eventual obra o actividad con posibles impactos negativos en el medio ambiente; el de que quien contamina paga; el de globalidad; el de sostenibilidad, mediante el cual se impulsa el desarrollo armonizado entre medio ambiente y crecimiento económico; y, el de responsabilidad compartida. No han transcurrido más de 5 semanas y ya ha ingresado al Congreso una iniciativa regresiva para autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Es curioso que la exposición de motivos contradictoriamente reconozca la gravedad del cambio climático, las afectaciones por incendios forestales y el crecimiento ilegal de la tala y el cambio de uso de suelo para concluir en una propuesta adversa a la integridad de los bosques. Del reconocimiento de la no aplicación de la ley para detener la devastación se pasa a proponer no un instrumento legal para que las instituciones la hagan valer sino a una iniciativa claudicante para de plano otorgar los cambios de uso de suelo. Eso sí, que demuestre el solicitante en un estudio técnico que dicho cambio hará más productivo a largo plazo el nuevo uso o uso alternativo. ¡Adiós sustentabilidad y sostenibilidad! La iniciativa pretende adicionar la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo y busca que la Comisión Forestal del Estado autorice el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal, con base en estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad... ¿?. La iniciativa es una franca claudicación al deber ético para con la conservación de los bosques michoacanos y la biodiversidad que albergan. Es además, una concesión insensata que estimulará el ya de por sí arrasador cambio de uso de suelos forestales que hemos presenciado en los últimos años con funestas consecuencias para los ecosistemas que habita la población humana del estado. Quien presentó la iniciativa no debiera de ignorar que en los últimos 32 años, de 1989 a la fecha, Michoacán ya ha perdido casi el 70 % de sus bosques y los ecosistemas que los habitaban; que dicha pérdida nos está impactando en la desaparición de zonas de recarga hídrica y contribuido a la desertificación de una parte importante de nuestro territorio; que esta pérdida de enorme magnitud ha puesto en condición de irreversible la capacidad de regeneración de los ecosistemas exterminados. Dicha iniciativa debería de ser rechazada con vergüenza y pudor por el pleno del poder legislativo ya que contradice de manera total el contenido aprobado en la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán. O se está por el medio ambiente y el compromiso con la sostenibilidad o se claudica y se entregan los bosques a la barbarie ecocida del cambio de uso de suelo, ahora con la autorización legal para hacerlo. Terminar con el cambio de uso de suelo no pasa por su autorización legal. Frenarlo, es cierto, supone múltiples acciones en materias tan diversas como el desarrollo económico alternativo, la educación, la política social, la promoción cultural, la seguridad pública o la sanción legal. Abrir la puerta para legalizarlo será tanto como asestar la estocada final a los bosques michoacanos. De lo que se trata es de frenar este grave problema no de estimularlo. La visión productivista de la iniciativa deja de lado el valor ambiental que por sí mismos tienen los bosques y sus ecosistemas y lo que representan para nuestra civilización. Esperamos que la sensatez impere en el Congreso Local, prevalezcan los criterios de la ley publicada en abril y dicha iniciativa no pase. Esperemos también una respuesta contundente de los ambientalistas michoacanos, pueblos, ciudades, y pobladores de los bosques para frenar su aprobación.

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Israel y Palestina, la ilusión de los dos Estados

La actual crisis y el escalamiento de tensiones entre israelíes y palestinos parece ser el último clavo a la llamada “solución de dos Estados”. Durante décadas se planteó la idea de que una vía para solucionar el conflicto era la creación de dos estados separados e independientes, Israel y Palestina. Esa idea ha muerto. El hecho, sin embargo, no es sorpresa. Pero aclaremos un poco la situación. El territorio en disputa es el comprendido entre el rio Jordán y el mar mediterráneo, y entre Egipto al sur y Líbano al norte. La mayor parte del mismo corresponde al estado de Israel. En ese territorio viven casi 14 millones de personas, de los cuales aproximadamente la mitad son palestinos; unos dos millones de los cuales viven “sitiados” en la Franja de Gaza, gobernada de facto por la organización terrorista Hamás, y casi tres millones en la región conocida como Cisjordania, ocupada y administrada parcialmente por Israel en un 60% y por la Autoridad Nacional Palestina en un fragmentado 40%. En esos territorios ocupados de Cisjordania, Israel ha construido y expandido asentamientos, en los que actualmente viven más de medio millón de colonos judíos, lo que agrava la situación, pues hace casi imposible que en un futuro Israel acepte cederlos a un hipotético estado Palestino. Por su parte, los líderes palestinos también han cometido errores garrafales. La Organización para la Liberación de Palestina, de Yasser Arafat, lideró durante décadas la lucha armada en contra de Israel, teniendo como objetivo manifiesto su aniquilación. Y aunque desde finales de los ochenta cambió su postura y aceptó la “solución de dos estados”, la realidad es que para entonces la OLP estaba ya muy debilitada y vio esto como una vía para recuperar su influencia y relevancia, pero no repararon en que esto significaba permitir que los derechos fundamentales de los palestinos fueran objeto de negociaciones a tres bandas en las que siempre serían la parte más débil. Esto condenó a los palestinos a esperar un acuerdo que, en la práctica, estaba destinado al fracaso. Sumado a ello, los grupos extremistas y radicales, como la organización terrorista Hamás, que ha ocupado los vacíos de poder dejados por la Autoridad Palestina, continúan sin aceptar la existencia de un estado judío. En ese escenario, debemos aceptar que la solución de dos estados es, y siempre fue, una ilusión. Y que no ha sido más que un parapeto tras el cual se escudan las grandes potencias al tiempo que le permiten a Israel hacer y deshacer a voluntad. El debate entonces no es si hay o habrá un solo Estado, sino qué tipo de Estado debería ser, y en tal sentido, los esfuerzos deberían concentrarse en que este se constituya como un estado binacional compartido, en el que se garantice la igualdad de derechos para israelíes y palestinos. El camino por supuesto no es sencillo. Pasa primero por alejarse de los extremismos y las luchas de poder internas en cada lado, desde Hamás y su radicalismo terrorista por un lado, a Netanyahu y su cercanía a la extrema derecha israelí, por el otro. Y pasa, sobre todo, por que palestinos e israelíes se reconozcan unos a otros y dejen de verse como enemigos, a efecto de llegar a una paz negociada. Insisto, no es para nada sencillo, pero la alternativa es la perpetuación de un conflicto cuyos costos humanos son inmensos.

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Tensión en Medio Oriente

En los últimos días se ha incrementado la tensión entre Israel y Palestina tras semanas de enfrentamientos y manifestaciones en Jerusalén. El lunes por la mañana, alrededor de 300 palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía en las inmediaciones de la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados del Islam. Esa misma noche, militantes de Hamás, dispararon cohetes hacia Jerusalén por primera vez en años, causando la muerte de tres israelíes. Israel respondió con ataques aéreos hacia la Franja de Gaza que se prolongaron hasta la madrugada de este martes, como consecuencia, al menos 28 personas murieron, entre ellos nueve niños. Pero ¿qué ha originado esta escalada de tensiones? En Israel, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu se enfrenta a una crisis política y a acusaciones de corrupción. En su búsqueda por sobrevivir, se ha acercado y aliado con sectores de extrema derecha. Por otro lado, se suma el conflicto generado en torno a Sheikh Jarrah, un barrio predominantemente palestino de Jerusalén y que ha sido testigo de enfrentamientos con nacionalistas israelíes. El motivo, la añeja batalla legal por la que un grupo de colonos israelíes busca desalojar y remplazar a familias palestinas –mayormente refugiados- de los hogares en que han vivido durante décadas. Los ciudadanos palestinos de Israel, así como los palestinos en Cisjordania y los países árabes vecinos, han estado realizando protestas en solidaridad con Sheikh Jarrah. Por su parte, Palestina vive un vacío de poder. A finales del mes pasado, el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que controla partes de Cisjordania, anunció que pospondría las que serían las primeras elecciones en 15 años. Tales elecciones se habrían de llevar a cabo en Cisjordania (ocupada por Israel desde 1967), la Franja de Gaza y Jerusalén Este. Sin embargo, hubo dos grandes obstáculos. Por un lado, quien gobierna de facto en Gaza no es la Autoridad Palestina, sino la organización yihadista Hamás, que ya ha librado tres guerras con Israel. Y, por otro, el gobierno de Israel, que controla también Jerusalén Este, le ha prohibido a la autoridad palestina operar en dicho territorio que, dicho sea de paso, es donde se ubican algunos de los sitios más sagrados para el judaísmo, el cristianismo y el islam, como el Muro de los lamentos, el Santo Sepulcro o la Explanada de las Mezquitas. Todo lo anterior le dio a Abbas argumentos para la cancelación de las elecciones. En tal contexto, las restricciones israelíes sobre el acceso a la Mezquita de Al-Aqsa, en donde se reunieron grupos de palestinos para observar el mes sagrado del Ramadán, no hicieron otra cosa más que aumentar la tensión con los resultados ya comentados antes. La situación no es sencilla, ambos lados se preparan una escalada aún mayor. El riesgo de que estalle una guerra abierta entre Israel y Hamás, lo que no ha sucedido desde 2014, es alto. Al momento, Hamás ha continuado lanzando misiles hacia Israel, la mayoría han sido interceptados por el sistema de defensa israelí conocido como Cúpula de Hierro. Por su parte, Israel también ha continuado con los ataques aéreos a Gaza, donde la población civil se encuentra totalmente desprotegida. El tema no es menor, pues una crisis que pudiera pensarse local, tiene el potencial de desestabilizar aún más a toda la región del Medio Oriente, y eso a su vez puede tener consecuencias globales. Por tanto, es necesario que la comunidad internacional apoye en destensar la situación, buscando que el diálogo le gane a la retórica y que la precaria paz prevalezca.

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¿Es acaso la ruta de la violencia?

Si algo no debe ser tolerado jamás en una democracia es la violencia. Sea esta verbal o física siempre será un corrosivo degradante de los vínculos sociales. La violencia, insistimos, en cualquiera de sus expresiones siembra confrontación y es constitutiva de una espiral ascendente que daña a todos. Y si esta violencia se expresa en los procesos electorales su ponzoña es aún más letal. Alimenta la desconfianza pública y puede derivar en la deslegitimación de todo el proceso. Sobre todo, induce a creer que las instituciones democráticas son débiles y que las reglas son ineficaces para contener a quienes se proponen descarrilar la acción pacífica de los ciudadanos para la alternancia política. La violencia en una sociedad con incipiente democracia, como la nuestra, alienta al autoritarismo y a sus personeros a ofrecer políticas rígidas, restriccionistas en el ámbito de los derechos y militarista en el campo de los medios para contenerla. El miedo así ocasionado entre la población suele demandar dureza, independientemente de donde proceda y provoca el distanciamiento cívico de la actividad política. Los tres eventos de violencia contra candidatos de tres distintos partidos ocurridos en Michoacán en los últimos días de la semana pasada, más la constelación de actos semejantes que incluso les han costado la vida a varios aspirantes a puestos de representación popular en otras entidades del país, deben alarmarnos a todos. La constancia con la que se están cometiendo configura una ruta de sistematicidad que se aleja mucho de la percepción de eventos aislados. Es decir, la violencia, los violentos están actuando en una ruta evidente que debe movernos a la reflexión y a la acción a las instituciones responsables de la salvaguarda de la seguridad. Las propias autoridades federales y estatales aceptan la existencia de denuncias interpuestas por actores políticos en las cuales refieren ser objeto de amenazas, ya sea para abandonar la contienda o de plano para alinearse en una perspectiva sugerida. Son amenazas que provienen de los grupos del crimen organizado que operan en los territorios de su influencia y que están metidos de lleno en el proceso electoral. El costo que nuestra democracia continúa pagando por una estrategia errática, concesionista o francamente omisa del gobierno federal, que lo mismo ofrece abrazos a los criminales, que libera capos detenidos o que hace apología de las atenciones a la madre de uno de los criminales, se hace presente con la certidumbre de impunidad ante su público actuar criminal y ante sus amagos a los contendientes electorales. Desde hace décadas es una verdad que se documenta en investigaciones periodísticas la actividad intensa de los cárteles del crimen en la elección de representantes populares. Así lo fue en sexenios pasados y lo está siendo en el presente. La manera trágica ꟷy dolorosa para la poblaciónꟷ en que terminaron algunas administraciones estatales o municipales siempre ha sido el corolario de estas historias infames. Incluso la sospecha de la “operación política” del crimen en pro de candidatos presidenciales no ha dejado de desvanecerse. El trato que los mandatarios en turno prodigan a uno u otro cartel del crimen parece confirmarlo. El gobierno federal y el estatal tienen el imperioso deber de frenar la espiral de violencia que trata de apoderarse del proceso electoral en el estado. Y es imprescindible que desde palacio nacional se abandone por completo el discurso de confrontación y odio que a diario se alienta y que es secundado también por grupúsculos que interpretan tales mensajes como el programa con el que deben actuar. Cada acto de violencia física o verbal son una cuchillada a nuestra democracia. Es el degüello de la razón, de las ideas y de las propuestas. Tales actos no deben tener cabida en nuestra cultura política, deben ser repudiados de manera firme por los ciudadanos y no deben encontrar ningún resquicio de impunidad por las instituciones del Estado mexicano. El Estado mexicano, además, debe enviar mensajes duros desde la coerción legal a los grupos criminales para mantenerlos alejados de la acción político – electoral. Debe garantizar con firmeza y eficacia la seguridad de todos los contendientes de otra manera estaremos en la certera ruta de la violencia sistemática contra la democracia.

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Sí... apaguen las bombas

Deben caminar la empinada cuesta por el borde de la barranca. No es tan grande la distancia, pero los matorrales que crecieron en la lejana temporada de lluvias les interrumpen el paso. Es una vereda muy vieja que ya no se usaba. Allá arriba ya no vive nadie, solo hay aguacates. Los que quedaban de las últimas 50 familias se fueron en silencio a los pocos meses de que cortaran los últimos pinos y dejara de correr el agua. Las veredas son como lazos de tierra que unen a las personas y a los poblados, pero cuando falta la gente pierden su razón de ser, ya no llevan ni traen las novedades de sus modos de vivir, por eso el abandono, por eso las jaras y los huizaches se apoderaron de ellas. Apenas han caminado un kilómetro y el tiempo se les ha echado encima con abundancia de minutos. Llegarán al lugar con la noche muy alta, más tarde de lo pensado. Como ha ocurrido los últimos seis años el agua ha dejado de correr desde los primeros días de marzo. Ni una gota siquiera. Melquiades Rangel ha querido escarbar al pie de unas piedras con la ilusión de un escurrimiento, de esos que dejan escondidos en el arroyuelo los meses de lluvia del verano y que forman estanques, pero solo ha sacado tierra bien seca. Hasta las lombrices se han ido. Esa tarde, en la orilla de la ranchería, se reunieron al pie de un encino de escasas hojas color canela y tomaron la sombra de las gruesas ramas. ̶ ¿Entonces qué vamos a hacer? ̶ ¡Lo que ya dijimos! Por eso aquella noche caminaban resueltos por la vereda. Tan pronto llegaran a los nacederos sacarían las mangueras de dos pulgadas que se robaban el agua que debería de seguir corriendo por el río hasta su rancho. ̶ Mientras se dan cuenta los mayordomos nosotros tendremos agua por las horas que restan de la noche. ̶ ¿Oiga papá, de quién es el agua? ̶ Dicen que de la nación. ̶ ¿Entonces nosotros no somos la nación? ̶ Son revolturas que ya no entiendo. Lo que sí es cierto es que mientras más lejos estemos del agua más cerca tendremos la muerte. Y que por eso nos tenemos que arriesgar para hacer que el agua siga por el río... más bien el agua es de los ríos y en ellos está que nos la ofrezcan luego de que refrescan sus cauces. En los últimos días, noche tras noche, la luna les ha iluminado la vereda para que cumplan la misión acordada, tumbarles el agua a las plantaciones de la tierra alta para que sus animales no mueran de sed y ellos puedan lavarse y asearse. ̶ No deben quejarse, ellos tienen muchísimas ollas en donde esconden el agua que debiera correr por la barranca. Un aguacate, como sea, lo vuelven a plantar, ¿pero nosotros? Ya van más de 15 días. La de buenas que no se han encontrado cara a cara con los mayordomos y sus guardias. Si se encontraran aquello sería una tragedia. Los rancheros defendiendo su derecho a vivir y los otros cumpliendo las ordenes que les pagan. Los primeros pueden perder la vida, los otros solo pierden dinero. ̶ ¿Y si mejor destruimos las bombas? Y cada vez que las repongan hacemos lo mismo. Ya solo tendríamos que venir a lo mucho una vez por semana. Cuando volvieron por la madrugada, sofocados por el humo de los incendios cercanos, que brillaban su color naranja como navajas que cortaban los cerros, tuvieron la desconsolada premonición de que todo era inútil. Cada árbol, se dijeron, es un chorro de agua menos. ̶ ¿Entonces estamos solos? ¿Qué, ya no tenemos gobierno que levante lo que nos queda de derechos y los haga valer? ¡Ya nos han dicho que no podemos hacernos justicia por mano propia! Y les hemos hecho caso, pero ahora estamos peor y los que se robaron el agua están mejor, y los que queman están mejor. ̶ Aparte de las bombas hay tantas cosas que deben apagarse. Se debe apagar la insensibilidad del gobierno, se debe apagar la corrupción, se debe apagar la codicia de los huerteros, se debe apagar la estupidez que destruye nuestra casa común. Subir cada noche a tirar las mangueras debiera llenar de vergüenza a los gobiernos. Bastaría la aplicación del derecho para enderezar esta torcedura, este absurdo que endiosa al aguacate y demoniza a nosotros los rancheros que vivimos aquí desde hace siglos. Esta historia es real, se vive en las localidades de Madero, pero puede ser cualquiera de Michoacán. Se pueden llamar Santas Marías, Acatén, Etucuaro, San Diego, Piumo, Porúas, Moreno, los Lobos, en fin, localidades situadas en la sierra y en sus pequeños valles, en los que según los estudios climáticos no debiera haber estrés hídrico y que sin embargo sus pobladores y los ecosistemas están muriendo de sed mientras el agua está concentrada en miles de ollas gigantes que hidratan miles de hectáreas de aguacate y frutillas. La discordia está sembrada. En todos está latente la idea, como en esta localidad, de ir a apagar o destruir las bombas y las ollas para que el agua siga el cauce milenario que representó la vida de ecosistemas con su especie y la vida misma del ser humano.

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Dos Jueces, Dos Historias

El 3 de diciembre de 2009, el entonces presidente Felipe Calderón presentó ante el Senado de la República dos termas para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera la integraban Luis María Aguilar Morales, María Luisa Martínez Delgadillo y Jorge Mario Pardo Rebolledo, resultando electo Luis María Aguilar. En la segunda terna competían por el cargo Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, además de Jorge Carlos Adame Goddard. Resultaría elegido el segundo.Así, Arturo Zaldívar se convertiría en Ministro de la SCJN para un periodo de 15 años, que habrá de terminar en diciembre de 2024. Por su parte, a Ferrer Mac-Gregor el proceso le serviría para cumplir con los requisitos que le permitirían ser electo como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en junio de 2012; asumiendo en enero de 2013 y convirtiéndose en el tercer juez de nacionalidad mexicana en ocupar el cargo, después de los juristas Héctor Fix-Zamudio y Sergio García Ramírez. Recuerdo ese proceso de 2012, pues en ese verano tuve la oportunidad de colaborar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en específico en la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, dependiente de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Recuerdo que la elección de Ferrer Mac-Gregor se siguió en ese piso 14 del edificio Tlatelolco, con la emoción de un partido de futbol, celebrando cada voto favorable que obtenía, pues estos eran además resultado del cabildeo de la Cancillería mexicana, de su ardua labor diplomática. He de precisar que pese a ser propuestos por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los jueces de la Corte Interamericana son elegidos a título personal; es decir, no actúan en modo alguno en representación de su país de origen. Ya como Juez de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer Mac-Gregor se ha caracterizado por una férrea defensa de los Derechos Humanos, reeligiéndose para un segundo periodo y llegando incluso a presidir la propia Corte, haciéndose en el camino de prestigio y reconocimiento internacional incuestionables. No ha sucedido lo mismo con el Ministro Zaldívar, quien día a día, decisión tras decisión, dilapida su prestigio que también se había ganado. Uno de los momentos más bochornosos fue cuando en un acto de obsecuencia y claudicación, el Ministro cabildeó la aprobación en la aprobación en la Suprema Corte de la “consulta” promovida por el presidente, y para lograrlo debió redactar un verdadero galimatías, pues la pregunta originalmente propuesta era a todas luces inconstitucional e inconvencional. El último acto es la aprobación en el senado de un artículo transitorio que amplía su cargo como Presidente de la SCJN, de noviembre de 2022 a diciembre de 2024, lo que a todas luces es también inconstitucional. Resulta inverosímil pensar que el Ministro Zaldívar no estaba al tanto de ese transitorio o que no se le consultó, pues la reforma al poder judicial es de su autoría, y en ese proceso ha sido en extremo receloso, al grado de excluir incluso a sus pares en el máximo tribunal. El precedente es gravísimo. Imagine que a inicios de 2024, el Congreso aprueba con esa ligereza una medida similar para ampliar unos años más el periodo presidencial, argumentando que es necesario para lograr su proyecto de “transformación”. Hasta hace poco aún parecía absurdo, ahora ya no parece imposible. El riesgo de una deriva autoritaria está hoy muy presente. Y el silencio del Ministro es escandaloso. Lo peor, es que con su actuar el Ministro Zaldívar no solo daña su propia imagen y reputación, sino que con ello daña enormemente a uno de los poderes del Estado, daña el sistema de pesos y contrapesos, y erosiona nuestra democracia.

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El Curucupatzeo, un río que se muere

Nombraron al río como se llama su poblado, o más bien el poblado se apropio del nombre del río. Los p’urhepecha tenían en aprecio este territorio porque les proporcionaba metales como oro y plata para sus ornamentos. Ansiosos por saber de dónde procedía el metal que ostentaban los señores principales de estas tierras los españoles siguieron los viejos caminos y fundaron la congregación de San Diego Curucupatzeo. El virrey Antonio de Mendoza autorizó a Antonio Huitzemángari para que, bien dirigido, abriera el camino de las minas de Curucupatzeo. Por su parte, los frailes agustinos que se habían asentado en Tiripetio para emprender la evangelización del sur de Michoacán, edificaron en el siglo xvi una capilla en honor a San Diego. Curucupatzeo, es el nombre que se heredó del pasado precolombino que, según algunas fuentes, quiere decir "lugar de llanos o baldíos con flores amarillas". La toponimia describe con cierto romanticismo las cualidades de este territorio. Es cierto que lo baldío impera pues la vista se fatiga en la distancia encontrando si acaso una vivienda en las faldas de una empinada montaña y más al sur pequeños llanos aparecen incrustados entre cerros quebrados. La palabra usada para denominar el lugar quiso omitir la aridez y el calor agobiante y destacó la proliferación de flores amarillas. Las ceibas, las parotas, los inmensos cactus que se alzan como dedos que claman al cielo y la densidad de cuitases que amarran la tierra de pendientes y barrancas, alcanzan el esplendor de vida con la llegada de las lluvias. El venado, el puma, la iguana, el bagre o la serpiente de cascabel, hacen armonía con ese ritmo y también prosperan. Entonces el río parece despertar de medio año de agonía, enfermo por contaminantes y carente de caudal porque en las tierras altas lo envenenan con agroquímicos y desagües robándole el agua milenaria que animales, plantas y humanos necesitan para vivir. El hombre y los ríos están hermanados más por necesidad de las personas que por urgencia existencial de los ríos. Sin embargo, es una relación desigual de la cual los humanos hemos sacado beneficios abundantes y los ríos solo perjuicios. En descarga de las personas debemos decir que esa historia no siempre ha sido así. Las generaciones previas, aquellas que tomaban del río lo esencial, vivían en equilibrio con ellos y les profesaban un respeto como el que se tenían a sí mismos. Para conocer el ánimo del río Curucupatzeo, su alegría, su melancolía y también su furia se necesita haber nacido escuchando su suave parloteo y haber vivido como huésped de su rivera y sus dones y haber sufrido con él su lenta agonía en los tiempos actuales. Don Trino Ibarra nació en el lecho del río, lleva conviviendo con él 99 años. Sus ancestros también lo hicieron desde 1700. Es uno de los pocos que se pueden jactar de conocer qué le duele y qué le alegra al Curucupatzeo. Su antiquísima casa de piedra, adobe, otate y teja, mira al rio a una altura de 10 metros sobre el ancho cause que ha labrado el agua por miles de años. Así como ahora es testigo de sus aguas famélicas, oscurecidas por la contaminación, testificó su furia en 1955 con el azote del huracán "Connie" que arrasó con ceibas gigantes y echó a rodar piedras descomunales ampliando el ancho de un cauce que jamás volvería a llenarse. Como ofrenda al rio, tan pronto cesó la crecida, plantó una ceiba entre las piedras reacomodadas. Hoy, 65 años después, el árbol le corresponde con una amplísima sombra y una fresca brisa que conciertan el viento y las modestas aguas que corren. Se han ido las serpientes de cascabel, el venado y el puma han disminuido en la misma medida que se muere el río. Los escasos peces que sobreviven en sus aguas están enfermos y no se pueden comer. Sus aguas ya no alimentan las semillas del maíz y del frijol como hace 25 años, tampoco sacian la sed de los pobladores. Viviendo en las márgenes del río deben traer de kilómetros arriba un chorrito de agua de manantial, de los pocos que aún quedan. El conflicto social por lo que queda de sus aguas involucra a localidades de la tierra caliente maderense y a pobladores de la sierra alta. Allí donde nace, gracias a la infiltración de pinares, encinales y humedales, la pugna se agudiza entre huerteros y pobladores. Sus antes generosos caudales han desaparecido con la tala ilegal y las plantaciones. La tensión en los Lobos, la Cumbre, Moreno, Villa Madero, San Pedro, San Diego, etc., pre anuncia conflictos agudos. La decadencia del Curucupatzeo, precipitada por una actividad humana insostenible, se está revirtiendo contra sus huéspedes, afectando con mayor severidad a la gente más humilde. No aprendimos a vivir en equilibrio con el río, como recuerda Don Trino Ibarra, y tampoco lo respetamos como lo hicieron los ancestros p’urhepecha y mestizos durante más de medio milenio. Lo estamos matando y no existe ningún plan para detener y mitigar el daño. Lo peor es que quienes lo arruinan no tienen conciencia de ello, su preocupación es la ganancia. Los paisajes del Curucupatzeo, a pesar de su agonía, se levantan con orgullo, presumen las texturas de paredes basálticas, playas de arena gris claro, piedras labradas por milenios de aguas escultoras, colinas doradas por el sol y lunas refrescándose en sus aguas. Si el río termina muriendo sus pobladores lo harán primero. A largo plazo la vitalidad de la naturaleza le dará otra oportunidad al Curucupatzeo cumpliendo la profecía de su toponimia precolombina: "un lugar de llanos y baldíos con flores amarillas". No va a ser lo mismo con los humanos.

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El conflicto que surgió del Frío

Algo sucede en el este de Europa, particularmente en la zona fronteriza entre Ucrania y Rusia, en un conflicto que estalló tras las protestas que llevaron al derrocamiento del presidente ucraniano Viktor Yanukovych (cercano a Moscú), y la posterior anexión rusa de la península de Crimea en 2014 y su apoyo explícito a grupos separatistas prorrusos en el este de Ucrania, pero que se había mantenido a fuego lento en los últimos años, atrayendo poca atención internacional. Las tensiones han aumentado drásticamente en las últimas semanas. Rusia ha anunciado ejercicios militares en la región, y publicaciones en redes sociales muestran tanques, obuses y otros equipos militares pesados en movimiento hacia el área. Esto sucede además en un contexto en el que el presidente ruso, Vladimir Putin, enfrenta serias críticas internas y externas por su tendencia autoritaria y autocrática, por la corrupción sistemática, y por el arresto del líder opositor, Alexei Navalny, en enero pasado al volver a Rusia tras recuperarse de un intento de asesinato, lo que provocó protestas en al menos 109 ciudades de Rusia. Además, las sanciones europeas y estadounidenses al sector petrolero ruso –impuestas entre otras causas por la anexión de Crimea– han tenido ya efecto en su capacidad para acceder a tecnología, lo que ocasiona una disminución en su producción e impacta en la economía rusa, dependiente en gran medida de ese sector. Por su parte, en Ucrania comienza a tomar fuerza un proceso de desoligarquización: una renovación del sistema político del país. Un escenario en el que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habrá de jugar un papel clave; sobre todo por la urgencia que tiene Ucrania por restablecer las relaciones con los Estados Unidos ante la llegada de Joe Biden a la presidencia. Y este conflicto tiene precisamente el potencial de convertirse en la primera prueba geopolítica seria que enfrente la Administración Biden. En las relaciones internacionales no existen vacíos de poder. Todo espacio es llenado eventualmente. Por ello, una de las consecuencias de la política exterior aislacionista de Donald Trump, fue el surgimiento de potencias regionales que buscaron llenar los vacíos dejados por Estados Unidos: Rusia en el este de Europa, China en el sudeste asiático, o Turquía en Medio Oriente y el Cáucaso. Por ello, el nuevo gobierno de Biden ha buscado retomar su lugar en el mundo tras su interrupción y desorganización de los años de Trump. El eje de esa estrategia ha sido la reconstrucción de alianzas con los miembros de la OTAN y con otros países como Japón, India o Australia, con miras a frenar y adoptar una postura más firme frente a Rusia y China. La diplomacia pues es un deporte de contacto. Lo que diferencia la situación de Ucrania es el riesgo que puede implicar. Rusia ha aumentado sus tropas, al menos temporalmente, cerca de la frontera de un país al que Estados Unidos brinda asistencia militar. Un mal cálculo de cualquiera de las partes puede conducir a graves consecuencias para la región y para el mundo.

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México y la Migración

La Migración Internacional es un tema que los mexicanos solemos tener muy presente. Y no es para menos, dado que tradicionalmente México ha sido un país expulsor de migrantes, al grado que actualmente viven más de 38 millones de personas, entre nacidos en México (12.3 millones) o de ascendencia mexicana (26.2), en los Estados Unidos. Sumado a ello, las remesas que envían los mexicanos en el exterior se han convertido en una de las principales fuentes de divisas para el país, pasando de algo más de 6 mil millones de dólares en el año 2000, a más de 40 mil millones en el 2020. Esto, cabe aclarar, no es resultado de ninguna política de gobierno. Por otro lado, es indudable que la mano de obra de los migrantes mexicanos es fundamental para la economía de los Estados Unidos. Todo ello ha llevado a que desde hace décadas, administraciones y congresistas en los Estados Unidos, de la mano del lobby migrante, hayan buscado una reforma migratoria integral que permita regularizar el estatus migratorio de millones de personas, incluidos los jóvenes dreamers (jóvenes que llegaron a los Estados Unidos de manera irregular siendo niños). Durante los años ochenta y noventa hubo prometedores avances en ese sentido, sin embargo, un evento cambiaría todo: los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Tales hechos redefinieron y transformaron al mundo, y los temas de la seguridad internacional y el combate al terrorismo se volvieron centrales en la agenda internacional, relegando a la migración en un segundo o tercer plano. No obstante, el tema migratorio a nivel mundial cobró relevancia en los últimos años debido principalmente a dos factores. Primero, por la crisis migratoria en Europa derivada de los conflictos y la inestabilidad en medio oriente. Segundo, por la crisis económica en Venezuela, y la violencia y falta de oportunidades en Centroamérica. Estos hechos han ocasionado desplazamientos y la continua llegada, tanto de migrantes como de refugiados, a las fronteras de distintos países. Sin embargo, el tema migratorio es también fuente de división interna en varios países, lo que expone a los migrantes a discriminación, malos tratos e incluso explotación, alentados además por discursos xenófobos, chovinistas y francamente racistas. Pero, desde hace algunos años, el tema migrante tiene en México otra vertiente, a la que gran parte de la sociedad y de los políticos prefieren cerrar los ojos. Miles de migrantes han sido víctimas de la violencia en México. Homicidio, trata, explotación, extorsión, han sido la norma. Y los gobiernos, desde el federal hasta los locales, poco o nada han hecho para atender el tema, e incluso han contribuido a estigmatizar a los migrantes o han sido ellos los perpetradores de los abusos. El caso más reciente es el de Victoria Salazar, migrante salvadoreña asesinada por policías municipales de Tulum, Quintana Roo. Pero el gobierno federal también ha tenido responsabilidad. Su complicidad con el gobierno de Trump, el consecuente uso de la Guardia Nacional en labores migratorias o la aceptación tácita de convertirnos en Tercer País Seguro a través del programa “Remain in Mexico”, han significado constantes y graves violaciones a Derechos Humanos. Destaca por ejemplo la flagrante violación al principio de no devolución, consagrado en el Derecho Internacional, en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y que señala que "[n]ingún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas". Es decir, el Estado debe abstenerse de cualquier medida que pueda tener el efecto de devolver a un solicitante de asilo o refugiado, al país en que su vida o libertad corran peligro, y esto debe aplicarse –y respetarse– aún en situaciones de afluencia masiva, como las caravanas migrantes. Pese a ello, existen múltiples testimonios de cómo las autoridades mexicanas han deportado, sin el menor análisis del caso, a refugiados o potenciales solicitantes de asilo. Así pues, la migración es un tema central en la Política Exterior de México, y en tal sentido son encomiables los esfuerzos realizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente la red de consulados, en la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos y el mundo; sobre todo en un contexto en que el flujo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos va de nuevo en aumento. Pero esto contrasta enormemente con el trato que en México, sociedad y gobierno, damos a los migrantes. Este siglo exige nuevos paradigmas, y esto implica mirarnos al espejo y definir qué tipo de país somos y queremos ser; y cómo habremos de abordar este y otros temas torales de la agenda internacional.

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De la Democracia y la Tiranía

En las últimas semanas, el debate sobre lo que implica la democracia, y en consecuencia un régimen democrático, ha resurgido tangencialmente en el ambiente político mexicano. Y esto debido a sucesos específicos. En primero lugar, tras la aprobación de las reformas –o contrarreformas- de la industria eléctrica, en cuyo proceso de aprobación en el Congreso el grupo mayoritario hizo uso de tal mayoría a efecto de aprobarlas tal cual y como habían sido presentadas por el Ejecutivo, lo que, cabe recordar, ha sido una constante. En segundo lugar, tras la ratificación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio (sobre quien pesan denuncias de violación, abuso sexual y acoso) al gobierno de Guerrero, bajo el argumento de que será el pueblo de dicha entidad el que decida si lo elije o no. El tema pues no es menor, en tanto solemos hablar de democracia en un sentido muy general –y en consecuencia poco claro- o reducirlo a una simple cuestión de mayorías. Además, no podemos quedarnos con el simple origen etimológico de la palabra: “demos” pueblo y “kratía”, de “kratos” poder; el poder del pueblo. De hecho, para algunos de los filósofos griegos clásicos como Platón o Aristóteles, la democracia era una de las formas corruptas de gobierno, la perversión de la Politeia, pues advertían precisamente que un régimen democrático tenía la capacidad de transformarse en tiránico. Esta idea sería retomada en el siglo XIX por Alexis de Tocqueville, en lo que él llamaría la Tiranía de las Mayorías, pues advertía que “el imperio moral de la mayoría se funda en parte sobre la idea de que hay más luz y cordura en muchos hombres reunidos que en uno solo”, es decir, pareciera que la superioridad numérica está investida automáticamente de superioridad moral. La mayoría se convierte entonces en un tirano, en un monarca absoluto incapaz de cometer errores, que intimida a las minorías y que, paradójicamente, puede otorgarle poder ilimitado a sus dirigentes; todo ello nos conduce a la propia destrucción de la democracia. Una mayoría, por legítima que esta sea, no tiene derecho a hacer lo que le venga en gana, encuentra sus límites en la justicia y en el Estado de Derecho. Por ello también resulta peligrosa la ofensiva y constantes ataques que desde Palacio Nacional se hacen al Poder Judicial, a instituciones y organismos autónomos e incluso a periodistas y otros grupos de la sociedad civil. En ningún lugar del mundo, la concentración del poder, el debilitamiento o eliminación de pesos y contrapesos o la censura de minorías y voces disidentes, han traído resultados positivos. Ejemplos sobran: la Cuba de los Castro, la Argentina de Videla, la España de Franco o la Venezuela de Chávez. Así pues, la democracia no se trata solamente de un régimen político o de una mera cuestión de mayorías, es un orden social que implica un Estado regido por el Imperio de la Ley, el respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y la separación e independencia de los poderes públicos.

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