Ciudad de México. Durante la emergencia sanitaria por Covid-19 se ha acrecentado la tala ilegal y la invasión de zonas naturales protegidas en la Ciudad de México, lo que ha derivado en siete carpetas de investigación y apenas un detenido por presuntos delitos contra el medio ambiente.
Pobladores, e incluso autoridades locales, confirmaron que en los pasados dos meses y medio las brigadas comunitarias pausaron sus labores a causa de la pandemia, lo que incrementó la tala y la invasión, principalmente en San Salvador Cuauhtenco y San Francisco Tlalnepantla, en Milpa Alta; la zona del Ajusco, en Tlalpan, y recientemente en Magdalena Atlitic, en Magdalena Contreras.
“Estábamos trabajando muy duro; hicimos dos recuperaciones de suelo de conservación, que fueron Zorros y Tempiluli, pero lo que pasó es que las brigadas, en una necesidad de salvaguardar primero su vida, no todos entraron a tener actividades, sobre todo la población vulnerable se tuvo que quedar en su casa; entonces, en estos días de pandemia sí se incrementó, aunque ya con la nueva normalidad regresamos a trabajar con más fuerza.
Y la tala que se está dando es para crecimiento de los asentamientos humanos, reconoció Columba López, titular de la Comisión de Recursos Naturales (Corena).
En un recorrido por la carretera Picacho-Ajusco, en Tlalpan, se aprecian ambas problemáticas: en el paraje Resumideros, que se encuentra a tan sólo unos kilómetros del Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas, se reactivó una invasión del terreno, donde se ha comenzado la construcción de caminos y casitas de lámina.
Hasta ayer decenas de personas continuaban con el levantamiento de una barda de piedra perimetral. De acuerdo con testimonios de quienes solicitaron el anonimato, cada persona que quisiera habitar en el paraje debe pagar 15 mil pesos a líderes que se dedican a invadir, así como participar en manifestaciones y/o bloqueos.
Sobre la misma carretera, rumbo a la zona del Pico del Águila, se visualizan centenas de troncos talados, principalmente de oyamel y pino.
Las autoridades tienen registradas entre 45 y 50 hectáreas de terreno que han sido afectadas por la tala clandestina. En cuanto a la invasión de terrenos, la Corena se encuentra en la labor de cuantificar la superficie impactada.
Las invasiones y la deforestación atraen diversos problemas al medio ambiente, como la pérdida de hábitat de millones de especies y afectación a la calidad del suelo. En la Ciudad de México, se estima que diariamente se pierde una hectárea de suelo de conservación por deforestación, asentamientos irregulares y tala ilegal.
La Fiscalía General de Justicia informó que en lo que va del año sólo se tiene una persona detenida por el caso registrado el 28 de mayo en la zona boscosa de San Miguel Ajusco, quien pretendía cargar una camioneta de tres y media toneladas con 10 troncos recién cortados.
Una falla mecánica en una de las patrullas que participaron en su detención obligó a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a esperar apoyo técnico, pero fueron sorprendidos por presuntos talamontes, quienes los despojaron de sus armas de cargo y los golpearon. Los elementos fueron trasladados a hospitales, pero el agente Juan Prisciliano falleció por fracturas y diversos traumatismos, por lo que la dependencia abrió una carpeta por el delito de homicidio.
En el artículo 345 bis del Código Penal local se ordena la imposición de tres meses a cinco años de prisión y una multa de 500 a 2 mil días, que va de 43 mil 440 a 173 mil 760 pesos, al que derribe, tale, destruya u ocasione la muerte de árboles.
La titular de Corena, Columba López, reprochó que la legislación es laxa, pues la tala ilegal es considerada delito no grave.
Nosotros hemos logrado varias detenciones y nunca hay elementos para fincarles responsabilidad; por cualquier temita los dejan libres. Por ejemplo, el año pasado logramos una detención en Santa Ana Tlacotenco; estuvieron menos de cuatro meses (en prisión) y salieron para reincidir. No saben qué esfuerzo hicimos para lograr detenerlos.
El problema no es la ley, sino su aplicación
Al respecto, diputados en el Congreso local sostuvieron que el problema no es la ley, sino su aplicación, pues, en su opinión, las autoridades deben integrar correctamente las carpetas de investigación, ya que el delito posee varias agravantes cuando ocurre en áreas naturales protegidas, de valor ambiental o en suelo de conservación.
No se trata de detenerlos, encerrarlos y ya, si se le probó delito no grave de todas maneras tiene que pagar la pena; entonces, ¿qué está pasando? Uno es capacitación de la gente que se dedica a cuidar nuestros bosques y capacitación adecuada del conocimiento de la ley, dijo Jorge Gaviño, diputado integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Desde hace un año dicha comisión recibió una iniciativa del diputado de Morena José Luis Rodríguez Díaz de León, quien propuso elevar a delito grave el derribo, tala o destrucción de árboles, así como aumentar las penas de dos a ocho años de prisión y de 2 mil a 6 mil días de multa. La propuesta no ha sido dictaminada por los congresistas
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