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El conflicto que surgió del Frío

Algo sucede en el este de Europa, particularmente en la zona fronteriza entre Ucrania y Rusia, en un conflicto que estalló tras las protestas que llevaron al derrocamiento del presidente ucraniano Viktor Yanukovych (cercano a Moscú), y la posterior anexión rusa de la península de Crimea en 2014 y su apoyo explícito a grupos separatistas prorrusos en el este de Ucrania, pero que se había mantenido a fuego lento en los últimos años, atrayendo poca atención internacional. Las tensiones han aumentado drásticamente en las últimas semanas. Rusia ha anunciado ejercicios militares en la región, y publicaciones en redes sociales muestran tanques, obuses y otros equipos militares pesados en movimiento hacia el área. Esto sucede además en un contexto en el que el presidente ruso, Vladimir Putin, enfrenta serias críticas internas y externas por su tendencia autoritaria y autocrática, por la corrupción sistemática, y por el arresto del líder opositor, Alexei Navalny, en enero pasado al volver a Rusia tras recuperarse de un intento de asesinato, lo que provocó protestas en al menos 109 ciudades de Rusia. Además, las sanciones europeas y estadounidenses al sector petrolero ruso –impuestas entre otras causas por la anexión de Crimea– han tenido ya efecto en su capacidad para acceder a tecnología, lo que ocasiona una disminución en su producción e impacta en la economía rusa, dependiente en gran medida de ese sector. Por su parte, en Ucrania comienza a tomar fuerza un proceso de desoligarquización: una renovación del sistema político del país. Un escenario en el que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habrá de jugar un papel clave; sobre todo por la urgencia que tiene Ucrania por restablecer las relaciones con los Estados Unidos ante la llegada de Joe Biden a la presidencia. Y este conflicto tiene precisamente el potencial de convertirse en la primera prueba geopolítica seria que enfrente la Administración Biden. En las relaciones internacionales no existen vacíos de poder. Todo espacio es llenado eventualmente. Por ello, una de las consecuencias de la política exterior aislacionista de Donald Trump, fue el surgimiento de potencias regionales que buscaron llenar los vacíos dejados por Estados Unidos: Rusia en el este de Europa, China en el sudeste asiático, o Turquía en Medio Oriente y el Cáucaso. Por ello, el nuevo gobierno de Biden ha buscado retomar su lugar en el mundo tras su interrupción y desorganización de los años de Trump. El eje de esa estrategia ha sido la reconstrucción de alianzas con los miembros de la OTAN y con otros países como Japón, India o Australia, con miras a frenar y adoptar una postura más firme frente a Rusia y China. La diplomacia pues es un deporte de contacto. Lo que diferencia la situación de Ucrania es el riesgo que puede implicar. Rusia ha aumentado sus tropas, al menos temporalmente, cerca de la frontera de un país al que Estados Unidos brinda asistencia militar. Un mal cálculo de cualquiera de las partes puede conducir a graves consecuencias para la región y para el mundo.

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México y la Migración

La Migración Internacional es un tema que los mexicanos solemos tener muy presente. Y no es para menos, dado que tradicionalmente México ha sido un país expulsor de migrantes, al grado que actualmente viven más de 38 millones de personas, entre nacidos en México (12.3 millones) o de ascendencia mexicana (26.2), en los Estados Unidos. Sumado a ello, las remesas que envían los mexicanos en el exterior se han convertido en una de las principales fuentes de divisas para el país, pasando de algo más de 6 mil millones de dólares en el año 2000, a más de 40 mil millones en el 2020. Esto, cabe aclarar, no es resultado de ninguna política de gobierno. Por otro lado, es indudable que la mano de obra de los migrantes mexicanos es fundamental para la economía de los Estados Unidos. Todo ello ha llevado a que desde hace décadas, administraciones y congresistas en los Estados Unidos, de la mano del lobby migrante, hayan buscado una reforma migratoria integral que permita regularizar el estatus migratorio de millones de personas, incluidos los jóvenes dreamers (jóvenes que llegaron a los Estados Unidos de manera irregular siendo niños). Durante los años ochenta y noventa hubo prometedores avances en ese sentido, sin embargo, un evento cambiaría todo: los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Tales hechos redefinieron y transformaron al mundo, y los temas de la seguridad internacional y el combate al terrorismo se volvieron centrales en la agenda internacional, relegando a la migración en un segundo o tercer plano. No obstante, el tema migratorio a nivel mundial cobró relevancia en los últimos años debido principalmente a dos factores. Primero, por la crisis migratoria en Europa derivada de los conflictos y la inestabilidad en medio oriente. Segundo, por la crisis económica en Venezuela, y la violencia y falta de oportunidades en Centroamérica. Estos hechos han ocasionado desplazamientos y la continua llegada, tanto de migrantes como de refugiados, a las fronteras de distintos países. Sin embargo, el tema migratorio es también fuente de división interna en varios países, lo que expone a los migrantes a discriminación, malos tratos e incluso explotación, alentados además por discursos xenófobos, chovinistas y francamente racistas. Pero, desde hace algunos años, el tema migrante tiene en México otra vertiente, a la que gran parte de la sociedad y de los políticos prefieren cerrar los ojos. Miles de migrantes han sido víctimas de la violencia en México. Homicidio, trata, explotación, extorsión, han sido la norma. Y los gobiernos, desde el federal hasta los locales, poco o nada han hecho para atender el tema, e incluso han contribuido a estigmatizar a los migrantes o han sido ellos los perpetradores de los abusos. El caso más reciente es el de Victoria Salazar, migrante salvadoreña asesinada por policías municipales de Tulum, Quintana Roo. Pero el gobierno federal también ha tenido responsabilidad. Su complicidad con el gobierno de Trump, el consecuente uso de la Guardia Nacional en labores migratorias o la aceptación tácita de convertirnos en Tercer País Seguro a través del programa “Remain in Mexico”, han significado constantes y graves violaciones a Derechos Humanos. Destaca por ejemplo la flagrante violación al principio de no devolución, consagrado en el Derecho Internacional, en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y que señala que "[n]ingún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas". Es decir, el Estado debe abstenerse de cualquier medida que pueda tener el efecto de devolver a un solicitante de asilo o refugiado, al país en que su vida o libertad corran peligro, y esto debe aplicarse –y respetarse– aún en situaciones de afluencia masiva, como las caravanas migrantes. Pese a ello, existen múltiples testimonios de cómo las autoridades mexicanas han deportado, sin el menor análisis del caso, a refugiados o potenciales solicitantes de asilo. Así pues, la migración es un tema central en la Política Exterior de México, y en tal sentido son encomiables los esfuerzos realizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente la red de consulados, en la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos y el mundo; sobre todo en un contexto en que el flujo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos va de nuevo en aumento. Pero esto contrasta enormemente con el trato que en México, sociedad y gobierno, damos a los migrantes. Este siglo exige nuevos paradigmas, y esto implica mirarnos al espejo y definir qué tipo de país somos y queremos ser; y cómo habremos de abordar este y otros temas torales de la agenda internacional.

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De la Democracia y la Tiranía

En las últimas semanas, el debate sobre lo que implica la democracia, y en consecuencia un régimen democrático, ha resurgido tangencialmente en el ambiente político mexicano. Y esto debido a sucesos específicos. En primero lugar, tras la aprobación de las reformas –o contrarreformas- de la industria eléctrica, en cuyo proceso de aprobación en el Congreso el grupo mayoritario hizo uso de tal mayoría a efecto de aprobarlas tal cual y como habían sido presentadas por el Ejecutivo, lo que, cabe recordar, ha sido una constante. En segundo lugar, tras la ratificación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio (sobre quien pesan denuncias de violación, abuso sexual y acoso) al gobierno de Guerrero, bajo el argumento de que será el pueblo de dicha entidad el que decida si lo elije o no. El tema pues no es menor, en tanto solemos hablar de democracia en un sentido muy general –y en consecuencia poco claro- o reducirlo a una simple cuestión de mayorías. Además, no podemos quedarnos con el simple origen etimológico de la palabra: “demos” pueblo y “kratía”, de “kratos” poder; el poder del pueblo. De hecho, para algunos de los filósofos griegos clásicos como Platón o Aristóteles, la democracia era una de las formas corruptas de gobierno, la perversión de la Politeia, pues advertían precisamente que un régimen democrático tenía la capacidad de transformarse en tiránico. Esta idea sería retomada en el siglo XIX por Alexis de Tocqueville, en lo que él llamaría la Tiranía de las Mayorías, pues advertía que “el imperio moral de la mayoría se funda en parte sobre la idea de que hay más luz y cordura en muchos hombres reunidos que en uno solo”, es decir, pareciera que la superioridad numérica está investida automáticamente de superioridad moral. La mayoría se convierte entonces en un tirano, en un monarca absoluto incapaz de cometer errores, que intimida a las minorías y que, paradójicamente, puede otorgarle poder ilimitado a sus dirigentes; todo ello nos conduce a la propia destrucción de la democracia. Una mayoría, por legítima que esta sea, no tiene derecho a hacer lo que le venga en gana, encuentra sus límites en la justicia y en el Estado de Derecho. Por ello también resulta peligrosa la ofensiva y constantes ataques que desde Palacio Nacional se hacen al Poder Judicial, a instituciones y organismos autónomos e incluso a periodistas y otros grupos de la sociedad civil. En ningún lugar del mundo, la concentración del poder, el debilitamiento o eliminación de pesos y contrapesos o la censura de minorías y voces disidentes, han traído resultados positivos. Ejemplos sobran: la Cuba de los Castro, la Argentina de Videla, la España de Franco o la Venezuela de Chávez. Así pues, la democracia no se trata solamente de un régimen político o de una mera cuestión de mayorías, es un orden social que implica un Estado regido por el Imperio de la Ley, el respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y la separación e independencia de los poderes públicos.

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Impulso absolutista

No es un hecho aislado. De ello dan cuenta las noticias diarias que lo confirman una y otra vez. Y es que el presidente está caminando por la senda del autoritarismo. Su estilo personal de gobernar exhibe absolutismo y una tentación incontenible por ejercer el poder sin límites. Del presidencialismo absolutista se había hartado la sociedad mexicana y durante décadas trató de construir una democracia efectiva en la que la división de poderes y los contrapesos ciudadanos acotaran un presidencialismo desmedido, abusivo y casi siempre ineficiente. Convencidos, la mayoría de los mexicanos, de que la consolidación de la democracia llegaría luego de la elección de julio del 18 pocos esperaban el franco retroceso que ahora está a la vista. A pesar de la propaganda presidencial, que se empeña en presentar como democráticas y progresistas sus acciones, los hechos se acumulan portentosos dando forma a un Golem cuasi dictatorial. En nombre del combate a la corrupción y los vicios del pasado el presidente ha decidido tomar para sí todo el poder que otras instituciones tienen el deber de ejercer conforme a nuestro estado de derecho. Ha debilitado, como ningún otro presidente, la autonomía de poderes que deben ser el sustento de una república democrática, de equilibrios. Sin escrúpulos se permite ordenar a su mayoría en el poder legislativo que apruebe, sin cambio de coma alguno, las iniciativas que les envía, sin atender las consecuencias. Y así lo hacen los legisladores confirmando que son sirvientes del poder ejecutivo. Con inusual irrespeto a su gabinete les indica que quiere de ellos obediencia ciega, y así se comportan con tal de no contrariarlo. Hacen a un lado su decoro y su propio talento para atender los problemas nacionales. Lo que tanto se había cuestionado en el pasado, de que el poder presidencial se ejerciera como monarquía absoluta, está ahora de regreso. La concentración ilimitada del poder tiene defectos que se amplifican de acuerdo al carácter y las filias o fobias del gobernante. Desde el pedestal del poder ilimitado se suele creer que la verdad ─su verdad─ es absoluta, que en sí es absoluto, que es la encarnación total del pueblo. Todo lo cual es en verdad delirante y riesgoso. El desdén y repudio hacia las reivindicaciones feministas, para quienes solo ha tenido desprecio, es la expresión consecuente del prejuicio con que está constituida la verdad presidencial. El miedo de sus cercanos para interpelar la verdad presidencial se manifiesta en un silencio vergonzoso si se coteja con su opinión pública expresada durante los sexenios pasados. Hemos perdido gradualmente en calidad democrática. La presidencia ha renunciado a ser la representación del todo nacional y se ha alejado por completo de los consensos democráticos del todo fincados en el estado de derecho. El debate proveniente de la diversidad es atacado diariamente para imponer la verdad presidencial como modo de pensamiento único. Los impulsos absolutistas que se han apoderado de la personalidad del presidente son un obstáculo que tapona peligrosamente las vías democráticas que por muchos años construimos los mexicanos. Tanta concentración de poder entorpece por completo la funcionalidad del gobierno federal haciéndolo de plano ineficiente. Tenemos mucha concentración de poder y poquísima eficiencia. Que la figura presidencial tenga aún una regular aprobación no quiere decir que el modelo concentrador de poder sea eficiente y que con ello deba justificarse el desvanecimiento de la democracia. Los resultados poco alentadores que ya comienzan a sentirse en distintas áreas de la vida nacional pueden precipitar la constitución de un nuevo hartazgo, el hartazgo de la incompetencia. El último ataque a la autonomía del poder judicial por el caso de la reforma energética, tratando de subordinarlo por completo, es el último testimonio que nos ofrece un presidente que se asume absolutista y a quien le estorban los demás poderes constitucionales y los contrapesos necesarios en toda democracia. ¡Van mal las cosas!

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Castigo de la naturaleza

Son decenas, tal vez cientos de hectáreas de cultivos aguacateros que han perdido su inconfundible color verde oscuro. Instaladas, muchas de ellas, en zonas forestales que estuvieron pobladas de pinos no pudieron con las atroces heladas de esta temporada invernal. El follaje muerto de estos árboles ahora es marrón y nos grita una verdad: la naturaleza no dotó a los aguacates de la capacidad para sobrevivir a temperaturas gélidas. La razón de que estén ahí no es por un atrevimiento evolutivo de la naturaleza, sino por la ambición humana. El delirio de convertir los bosques de pino y encino en cultivos aguacateros ha podido sobre las leyes federales y estatales que expresamente prohíben el cambio de uso de suelo, pero no ha podido contra el vigor de la naturaleza. Si la codicia de estos huerteros se regulara por las leyes del hombre y por las leyes de la naturaleza no tendrían las millonarias pérdidas que ahora tienen que encarar. Si tan sólo hicieran caso de los saberes de los campesinos más viejos de esos lugares que saben por experiencia qué lomas, cerros o ciénegas se han helado en el pasado, jamás habrían invertido un peso en zonas de recurrentes heladas. Los campesinos saben que existen ciclos climáticos que no son anuales. Una helada puede tardar 5 o 10 años en presentarse. Ellos y sus ancestros han definido el uso de la tierra conforme a esa experiencia. Suelen ajustar entonces sus cultivos a las condiciones climáticas de cada terreno para asegurar, en la medida de lo posible, cosechas exitosas. La voracidad, esa que se regodea con las ganancias inmediatas, no tiene ojos para comprender la marcha de la naturaleza. Queriendo sujetarle a ciclos económicos anuales, semestrales o trimestrales, el hombre se ha olvidado de la irreductibilidad del clima. En su ceguera no comprende que incluso su proceder destructivo está modificando los patrones climáticos que ahora se le revierten como fenómenos extremos. Pero la mala noticia de las heladas que han arrasado con huertas aguacateras de la zona centro y sur de Michoacán, podría llevarnos a otra noticia pésima. Es lógico que los empresarios del oro verde decidan no invertir en renovar las huertas afectadas para evitar los riesgos ya aprendidos. Esto significará una presión aún mayor sobre los bosques templados dominados por encinales, en los cuales las heladas puedan descartarse. Los pronósticos climatológicos advierten que el período seco de 2021 tendrá poquísima humedad, calor casi en la misma medida que el 2020 y una entrada tardía del temporal de lluvias, propiciando condiciones para una mayor propagación de incendios forestales. Si a lo anterior se agrega el abandono de las políticas de protección ambiental de las instituciones gubernamentales, entonces tendremos una convergencia multifactorial de condiciones para expandir el cambio de uso de suelo en favor de las plantaciones ilegales. Las heladas de este invierno y la codicia por el oro verde están abriendo las puertas a una etapa de destrucción vigorosa de lo que nos queda de bosques. El mercado aguacatero, en su cálculo futuro, tratará de compensar la pérdida con la incorporación de nuevas plantaciones al costo que sea, al costo que ya hemos presenciado en la última década. La inexistente voluntad gubernamental para establecer de una vez por todas la certificación ambiental del aguacate, el establecimiento de severas restricciones en el mercado para el fruto procedente de bosques calcinados o predador de aguas, y la publicidad normalizadora que justifica el ecocidio sobre el que se levanta gran parte de la ganancia aguacatera, permitirán que la embestida que viene pueda prosperar. Parece ser que ante el desastre la única sanción que hemos tenido hasta ahora (y tendremos) ha provenido de la propia naturaleza. La sanción, sin embargo, va más allá de lo local, es una sanción contra nuestra civilización. El cambio climático, con sus efectos devastadores por heladas extremas, lluvias torrenciales y sequías abrumadoras, son hasta ahora, en verdad, las únicas sanciones a la codicia desbocada.

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Odiar y temer

Si algo han aprendido los gobiernos y partidos populistas en las últimas décadas es que el odio y el miedo son recursos valiosos para conseguir adeptos. Más eficientes que las propuestas basadas en diagnósticos objetivos y la razón. De hecho la propuesta razonada suele ser secundaria porque no inyecta la misma fibra y determinación para movilizar electores, puede incluso ser contraproducente. En las naciones en donde el populismo se ha hecho del gobierno la vía constante que usa para refrendar la legitimidad es la de la confrontación, aludiendo ya sea a sentimientos nacionalistas, supremacistas o clasistas. Presentar las realidades como fenómenos maniqueos, como polaridades irreductibles, les ha dado resultados exitosos. Así pasó en la Rusia de Putin, en el Brasil de Bolsonaro, en la Turquía de Erdogan, en los Estados Unidos de Trump, así pasa con los movimientos separatistas en distintas latitudes. Los sentimientos de odio tienen más fuerza y vitalidad que las razones ahí donde el desgaste de las democracias y las grupos gobernantes han decepcionado a los ciudadanos. La derrota de la razón y las propuestas llegó acompañada del sentimiento de frustración y de enojo de quienes se han sentido traicionados por los gobiernos que quisieron representar los valores democráticos. El auge de los populismos, sin embargo, no ha podido ser frenado porque se le comience a derrotar electoralmente o porque esté evidenciando su ineficacia como gobierno. De hecho ha sido derrotado electoralmente en Estados Unidos pero ello no ha implicado el derrumbamiento de sus líderes y de sus creencias. El odio dinamiza y cohesiona a las bases electorales alimentando el sentido de pertenencia y justificando la necesidad del liderazgo extremista, que incendie según la circunstancia, lo mismo da con narrativas de derecha que de centro o de izquierda. Es común que allí en donde los populistas se han hecho con el poder sus opositores no han tenido la capacidad para ofrecer una resistencia eficiente para recuperar la ruta democrática. Con seguridad hace falta comprender los resortes profundos que activan los líderes populistas para atrapar a las mayorías electorales. El caso mexicano es ilustrativo: un pésimo gobierno que, sin embargo, tiene una excelente aceptación. Puede asumirse que en el caso mexicano las reservas de desencanto y hartazgo son bastas aún. Los gobiernos que precedieron al obradorista hicieron tan mal las cosas que generaron una elevadísima carga de anticuerpos. Sobre este sentimiento de repudio se ha podido montar con éxito el discurso de odio y una narrativa salvacionista exitosa. Pero todo esto no es suficiente para comprender el fenómeno. El obradorismo ha tenido el talento de entender y aprender con rapidez sobre los resortes que mueven a la mayoría de los ciudadanos. Un talento que no han tenido las oposiciones. Pero sin duda, el miedo y el odio han sido factores decisivos para que un gobierno tan desastroso siga teniendo la confianza de la mayoría. Odio a enemigos construidos desde una perspectiva maniquea: hay que odiar a los malos; miedo a que un pasado narrado como catastrófico retorne, aunque el presente esté superando el horror del pasado. Las oposiciones no han podido, hasta ahora, quebrar ese vínculo. Su problema central es la credibilidad. No han logrado establecer una relación de confianza que les permita hacerse escuchar para proponer la narrativa de los valores democráticos. Una narrativa que sólo puede ser creída si de por medio va la congruencia y la autocrítica seria y severa de sus actuaciones previas. El obradorismo, está visto, prescribirá para sus campañas venideras una dosis reforzada de odio y miedo. No por algo el habitante del palacio virreinal ha regresado con mayor vigor ofensivo. No desaprovechará los resortes que tiene ya identificados. Las razones y las propuestas no juegan en su favor, y no juegan en su favor porque las razones y las propuestas tendrían que hacerse para encarar el pésimo gobierno que viene realizando desde diciembre de 2018. Entre sus armas electorales les queda, como recurso eficiente, la promoción del odio y del miedo, una fórmula por cierto muy populista. ¿Les fallará?

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Acechados por el crimen

Se ha vuelto ordinario que por los innumerables caminos y senderos de las más de 300 localidades de Madero se vean numerosos grupos del crimen organizado, que vistiendo ropa con camuflaje militar y portando armas de uso exclusivo del ejército, amedrenten a los pobladores. En algunos lugares, más allá de los patrullajes intimidatorios, suelen establecer campamentos, en los cuales concentran vehículos, armas, implementos tácticos, sistemas de comunicación y con toda seguridad puentes de mando sobre las "patrullas" dedicadas a propagar el temor. Lo mismo, interceptan campesinos para indagarlos sobre los nombres y propiedades de los habitantes que allanan domicilios, amparados en los falsos uniformes, para robar armas, objetos, dinero o animales. Generado el terror los grupos delincuenciales ofrecen entonces que su presencia ahí es para combatir a los que andan robando, secuestrando o tirando droga. En ruta paralela extorsionan huerteros, madereros, comerciantes y a cualquier civil. Pero lo que más ha alarmado a la población es la presión que ejercen en las familias para que de manera forzada enrolen a sus hijos como sicarios a cambio de un pago mensual de 12 mil pesos. El hecho de que busquen comprometer a las localidades con hombres lleva la intención de parapetarse en los pueblos para ejercer un control territorial. Si los delincuentes tuvieran éxito convertirían estas zonas en focos de permanente confrontación con las fuerzas del Estado y de sus grupos rivales. Este es el contexto en el que se dio el 3 de febrero la movilización de ciudadanos maderenses, quienes solicitaron dialogar con los mandos de la Guardia Nacional, que tienen cuartel a escasa distancia de Villa Madero, y a quienes exigieron su actuación para someter a la ley a estos grupos delincuenciales. La molestia ciudadana que llevó a la toma de la carretera estatal Morelia - Altamirano creció por la falta de respuesta a las recurrentes denuncias que por semanas se habían interpuesto sin que hubiera actuación alguna. El colmo fue que parte de estos grupos se pasearan exhibiendo su poderío bélico en la misma cabecera municipal y frente al propio cuartel de la Guardia Nacional, sin que hubiera consecuencias. El acuerdo que la población lograra con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Michoacán, ha sido el de mantener un operativo de vigilancia en los caminos y localidades del municipio con la colaboración de los habitantes, operativo coordinado que de manera inmediata se ha puesto en práctica. Las instancias federales y estatales competentes no deben fallarle a la población. Si los operativos se interrumpen y le dejan el campo libre a la delincuencia el mensaje que se estaría enviando sería fatal para los pobladores y un aliento para los criminales. A nadie conviene que la delincuencia convierta este territorio en zona de guerra. Incluso su cercanía con Morelia, sin duda, incrementaría los índices delincuenciales ya preocupantes. Los maderenses han querido confiar en la autoridad para frenar a la delincuencia. No es exacto que se afirme, como así ocurrió, que los pobladores se estaban constituyendo en autodefensas. Lo cierto es que si el gobierno les deja las manos libres a los delincuentes el ciudadano, como lo marca la Constitución, tiene el derecho de defender a su familia y sus bienes ante la falta del Estado. El gobierno federal y estatal, deben aprovechar la colaboración de los pobladores para afianzar la confianza con las instituciones responsables de combatir a los criminales. Esta colaboración es estratégica para hacer posible un plan de seguridad para esta zona de tal manera que la vida de sus pobladores no tenga que vivir más bajo la zozobra y el terror que impone la delincuencia. Tienen derecho a la seguridad que debe garantizar el Estado.

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Los “analistas en seguridad” hoy. Cuando la tribuna da soluciones mágicas…

Un tema que ha sido dejado de lado y que realmente preocupa entre quienes trabajamos a fondo los temas de seguridad, procuración y administración de justicia, es sin dudarlo la emisión de opinión pública, “experta”, además de las posibles repercusiones en el imaginario popular por ser expuestas en medios de comunicación y en la esfera de lo público. En ocasiones diversas, estos temas han sido tomados por diferentes actores políticos, la propia comentocracia en medios de comunicación e incluso por actores académicos, cómo una simple y llana plataforma para tratar de entrar a la opinión pública, sin analizar el “nivel” de las propuestas que se pueden tener para solucionar los problemas cotidianos que en materia de seguridad día con día se generan. E incluso se atreven a aseverar que sus soluciones son tan factibles que en poco tiempo se pueden echar a andar con resultados positivos… Nada más falaz. Lo que tristemente hoy en día prevalece y sin temor a decirlo, es la vaguedad y la simpleza con la que se toman los temas de seguridad en diferentes espacios o medios de comunicación de todo tipo. Estos “analistas”, sin conocimientos mínimos de los temas de seguridad, prevención, procuración y administración de justicia, se manifiestan a los cuatro vientos, sin un conocimiento contundente de la complejidad del abordaje de esta temática, sin argumentar soluciones acordes y si en cambio, con una profunda intención de sacar alguna raja política partidista o incluso mediática, La seguridad por si sola, es uno de los ejes fundamentales del desarrollo territorial, y son los temas de seguridad que tanto han lastimado el territorio michoacano o en su defecto moreliano, por las incorrectas políticas públicas en la materia aplicadas desde las dependencias correspondientes. Y es una insana costumbre, que, desde hace tiempo, muchos políticos en desgracia, aspirantes a políticos, analistas de notas periodísticas, lectores de noticias e incluso académicos sin una línea de trabajo definida, han tomado como hobbie o como bandera: La comentocracia en medios de comunicación y son los temas de seguridad, los que han sido su panacea sin haber explorado experiencia práctica previa. Es decir, opinando sin conocer. Hoy en día, han surgido diferentes aristas del análisis de políticas públicas, que redundan en la creación de diferentes espacios de reflexión en los medios de comunicación. Los temas son tan vastos, que el análisis de diferentes aspectos, puede tener uno o varios actores haciendo el comentario, quizás por su experiencia en el sector público, por su conocimiento teórico o por que lo leyeron y se les hizo fácil opinar del asunto cuando tuvieron la oportunidad de tener un micrófono enfrente. Así es como hoy en día, han sido abordados los temas de seguridad. Sin la seriedad que corresponde, con esa vaguedad de parecer todos unos expertos, espacios donde se han brindado “soluciones” desde los medios de comunicación, que quizás no son las más efectivas o en su defecto las que jurídicamente puedan operar los cuerpos de seguridad. El terreno o campo, que es quizás la escuela más importante que se puede tener en seguridad pública o ciudadana, es el menos abordado por toda la comentocracia que pulula en los medios de comunicación. La facilidad o autoridad cuando se habla frente al micrófono o monitor sobre proximidad, sobre prevención e incluso sobre la operatividad policial, sólo desnuda que ante estos temas, que sin duda son de lo más relevante, se puede emitir un comentario sin tener los conocimientos que da el terreno. Las políticas públicas, son un conjunto de perspectivas que sin duda han pasado del terreno a los manuales de aplicación, con base en los profundos conocimientos de especialistas en el área que, sin dudarlo, bajaron del gabinete o de sus nichos académicos y se involucraron plenamente en la práctica diaria que implica la generación de conocimiento. La seguridad pública es exactamente lo mismo. La cotidianeidad que implica el saber abordar los temas de seguridad pública, implica no sólo el conocimiento teórico que al parecer cualquier lo puede tener con base en la lectura y compresión de los conocimientos, se necesita sin dudarlo, la experiencia en el terreno para comprender plenamente lo que implica la operatividad, el diagnóstico y poder hacer una reflexión con conocimiento de causa. Por ello, mis preguntas a la clase comentocrática (improvisada) en temas de seguridad son: ¿Han realizado labor práctica? ¿Realmente estos “especialistas” conocen el terreno o han elaborado diagnósticos? ¿Cuántos opinadores de medios, han participado de manera activa en labores que conciernen a la seguridad pública? ¿Quiénes de estos personajes de medios, maneja los datos duros certeros, sin usarlos con un sesgo político? ¿Cuántos personajes de este sector opinador, han participado o trabajado directamente en una corporación? Hoy, en tiempos netamente electorales, donde el hablar de seguridad será el pan nuestro de cada día. Escucharemos a los candidatos hablar de estos temas, prometer que vendrán mejores tiempos e incluso se hablará de soluciones mágicas que operativamente son imposibles. Es momento de que, en aras de esa responsabilidad profesional, como dijera la expresión popular que reza: “Zapatero a tus zapatos”, es momento que la comentocracia genere opiniones responsables y fundamentadas de su área de especialidad, sin invadir temas que no conocen, porque se corre el peligro que sean abordados de manera errónea e incorrecta, todo en afán de la búsqueda de una tribuna que irresponsablemente, da voz a quienes mediatizan o escandalizan con la intención de brillar y volver a la arena política, colgándose de una bandera que jamás abordaron. La seguridad, sus temáticas, sus complejidades y sus soluciones, no deben de ser abordadas desde una mezquina posición partidista, sin duda este es el peor pecado que se puede cometer, porque parcializamos una opinión, le restamos los márgenes de autoridad a la actuación de los elementos de policía y por el otro lado, polarizamos a los ciudadanos entre colores que, sin duda, muchos de ellos, no tienen el mínimo conocimiento del territorio. Los temas de seguridad, son y seguirán siendo, los más selectos de las políticas públicas, porque de ahí depende el desarrollo territorial. Y el abordaje de estos, de una manera objetiva imparcial y con conocimiento de lo que se quiere abordar, es una arista que pocos saben manejar, por lo menos sin sesgos políticos o agua para su molino.

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El poder, la cultura y la violación

Cuando creí ilusamente que la pandemia nos había enseñado algo de la vida, algo de empatía y sobre todo algo de humanidad, la realidad nuevamente nos dice que NO, no hemos aprendido nada, seguimos siendo la misma sociedad que castiga y juzga, así sin más. La semana pasada el caso de Nath Campos, una joven influencer que decidió hacer pública una lamentable situación de violencia sexual que vivió por parte de alguien a quien ella conocía y decía ser su amigo, se hizo viral, como todo aquello que parece alimentar el morbo de las personas, morbo que goza del dolor de alguien más y sobre todo que abona en su revictimización. Ella relata que esto sucedió hace algunos años, pero por miedo y sobre todo por sentirse culpable no lo había hecho público. Miedo y culpa son dos palabras que se encuentran siempre presente cuando de violencia contra las mujeres hablamos, ambas utilizadas como lápidas que sepultan lo que es obvio, las claras violaciones a los derechos humanos de las mujeres, disfrazadas de normalidad; ambas palabras fomentadas también por una sociedad plagada de tolerancia a la violencia y la cultura de siempre probar que tengo derecho al acceso a la justicia, esa que dice que las mujeres tenemos que probar la violencia, sobre todo aquella que no es visible pero mata también. En el caso de la violencia sexual en cualquiera de sus formas, se suman además de miedo y culpa una tercera palabra “poder”, que explota en nuestros oídos al pensar que esta palabra cierra la triada perfecta para que hoy tengamos las cifras tan escalofriantes en este tema. La ONU mujeres señala que, a escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja, sin que estos datos incluyan el acoso sexual. Aunado a lo anterior señala que 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo, y tan sólo un 1 por ciento de ellas ha pedido alguna vez ayuda profesional . En México los resultados de la ENDIREH indican que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación mientras que 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida. De acuerdo con los resultados de la ENSU tercer trimestre 2020, se estima que, de los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8 por ciento). Estos datos estadísticos nos obligan a revisar por qué la cultura de la violación y del abuso sexual está tan arraigado en nuestra sociedad, a partir de un conjunto de creencias, poder y controles patriarcales normalizados y hasta justificados, y cómo esta realidad por resultado revictimiza a las mujeres y fomenta el sentido de culpa y miedo para su denuncia. La encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 , señala que el 78.6%, no solicitó apoyo y no presentó una denuncia, entre las principales razones por las que no solicitaron apoyo o no denunciaron las agresiones físicas y/o sexuales se encuentran que el 19.8% por miedo a las consecuencias, el 17.3% por vergüenza y el 10.3% por qué no quiere que su familia se entere, es decir, el peso moral que le da la sociedad a este tipo de delitos donde tiene como eje de análisis el comportamiento de las mujeres como responsables de generar la violación; este absurdo pensamiento sigue siendo una realidad que sigue fomentando por un lado una cultura de tolerancia y normalización a la violación y por el otro una cultura de culpa eterna por hacer creer a las mujeres que son las causantes de que esto pase, esto a su vez fomenta la grave negación de esta realidad y fomenta la intimidación por parte de los agresores, por eso ¿por qué extrañarnos de que las víctimas de violaciones no denuncien inmediatamente? cuando al hacerlo cae el peso de la moralidad sobre ellas. La violación a decir de la ONU es uno de los delitos menos denunciados y aun cuando se denuncia, rara vez se procesa debido a una serie de factores, incluidos los estereotipos basados en el género, aunado a lo que señala Rita Segato al decir que la violación, la dominación sexual, tiene también como rasgo conjugar el control no solamente físico sino también moral de la víctima y sus asociados, y argumenta que el uso y abuso del cuerpo del otro sin que este participe con intención o voluntad, se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la víctima. Las palabras construyen realidades y fomentan comportamientos, y el cuestionar a las mujeres que se atreven a denunciar un acto violento contra ellas es parte de esta cultura que pretende invisibilizar la realidad, el seguir repitiendo como sociedad que a las mujeres las violenta porque se lo merecen, o porque habían bebido alcohol, o por la forma en la que visten, sigue acrecentando la cultura de normalización de actos tan deleznables como la violación e inhiben su denuncia. No hay clave mágica para acabar con la violencia contra las mujeres, lo que es cierto, es que, desde la sociedad debemos de dejar de tolerarla, justificarla, normalizarla o fomentarla y desde las autoridades asumir el compromiso por prevenirla y sancionarla; haciendo esto por resultado, sin lugar a duda la realidad tendría que ser diferente. Como Nath, miles de mujeres que han vivido alguna forma de violencia entre ellas la sexual, guardan silencio por el qué dirán, por la crítica de una sociedad que no quiere entender que la culpa no era de ella o de ellas, que la culpa siempre será del agresor, del violento, del violador, de ese que decide que él tiene poder sobre el cuerpo de alguien más, en la mayoría de los casos de una mujer sabedor de que la sociedad tolerará o justificará el ejercicio de ese poder. Finalmente es importante recuperar lo que la ONU mujeres señala respecto a la importancia de desmitificar y erradicar la cultura de la violación y revisar estas propuestas que hace para tal fin:  Crear una cultura del consentimiento convencido, es decir, Sí es sí. La parte más importantes en una relación sin lugar a duda es que sea consensuada.  Denunciar las causas profundas, es decir identificar los roles y estereotipos que siguen diciendo que los hombres son fuertes y pueden decidir por nosotras o que las mujeres “se buscaron esa violación” por romper los estándares esperados para ellas.  Redefinir la masculinidad (qué hombre quieres ser, o criar)  Dejar de culpar a las víctimas, a partir de dejar de repetir ideas como que la violaron porque ella así lo propicio.  Mostrar tolerancia cero, (No es No, así de fácil debiera entenderse)  Escuchar a las sobrevivientes, y sobre todo siempre creerles.  Poner fin a la impunidad.  Ser un testigo activo.  Educar a la próxima generación.  Iniciar la conversación, o unirse a ella. Así que nunca más volvamos a cuestionar a una Nath, o a cualquier víctima de un delito como el de violencia hacia las mujeres, debemos saber que para poder tener el valor de hacer esa denuncia ellas pasaron por muchos procesos entre ellos el lograr vencer ese miedo, esa culpa y enfrentarse a ese poder que la sociedad les da a los agresores cuando justifica siempre al violador y cuestiona siempre a la víctima. Deja de ser cómplice y se más empátic@, por ellas y por todas las demás. 1 UNICEF (2017). A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents, págs. 73 y 82 2 COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 568/20 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 PÁGINA 2/2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Violencia2020_Nal.pdf?fbclid=IwAR2hD5mR1ZesgmWv1zCf6Ww1ms_ohgA2ubrA9whsw1jFfMcI-iHKuUyOHbA 3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf 4 La ENDIREH mide la dinámica de las relaciones de pareja en los hogares, así como las experiencias de las mujeres en la escuela, el trabajo y la comunidad con distintos tipos de violencia. 5 https://www.unwomen.org/es/news/stories/2019/11/compilation-ways-you-can-stand-against-rape-culture

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Lo que queda

Poco queda de la riqueza ecológica que existía en Michoacán a principios de 1990. La velocidad con la cual hemos arrasado los ecosistemas no tiene comparación con décadas previas. Que de 1990 al 2015 hayamos perdido 1.3 millones de hectáreas de bosques es un dato escalofriante que debería tener encendidas las alarmas ambientales y a las instituciones gubernamentales actuando con rigor. En las próximas semanas ─probablemente─ se habrá de publicar el inventario forestal de Michoacán 2020, que nos dará datos duros sobre la rapidez con la cual se han perdido bosques en la década recién finalizada. Considerando los datos que se generan rutinariamente en torno a incendios forestales, cambio de uso de suelo, la expansión ilegal aguacatera, el uso de agroquímicos nocivos para polinizadores y la disminución de caudales de agua, es muy probable que el inventario nos muestre un estado en condiciones de colapso ambiental. Precisar la magnitud del daño que la actividad humana le ocasiona a la naturaleza, a los ecosistemas que nos permiten vivir, es una tarea no abordada a plenitud y difícil de cuantificar. La información proporcionada por las instituciones oficiales, ya sean federales, estatales o municipales, varían de manera increible. Pongamos el caso del crecimiento del cultivo de aguacate sobre predios talados ilegalmente, en el que los números oscilan caóticamente, para algunos el fenómeno representa 70 mil hectáreas, para otros 120 mil, y para otros hasta 200 mil, y así con la cantidad de pozos legales e ilegales, ollas concentradoras o cañones antigranizo. La ausencia de un sistema integral de información que permita construir indicadores sobre el estado singular de nuestra biosfera, sus ecosistemas y sus especies ha sido la mejor manera para hacer invisibles las afectaciones y para aplicar políticas públicas en ocasiones débiles o equívocas. Sin datos precisos, sin estudios diagnósticos y sin un debate social enérgico, se alimenta la grosera creencia de que la naturaleza es infinita e inagotable. Por ese absurdo camino vamos hacia el colapso ambiental, un colapso que notamos pero preferimos callarlo o tomarlo como anécdota de ocasión. Esta opacidad gubernamental y social alienta prácticas productivas ecocidas, constitutivas de nuevos poderes fácticos que se instituyen para presionar o para subordinar a los poderes políticos en su favor. Las consecuencias las miramos en el estado agónico de nuestros bosques, aguas y tierras y el empobrecimiento de pueblos y comunidades. Con la información hasta ahora disponible, con todo y sus enormes vacíos, el gobierno de Michoacán tiene el deber de lanzar una alerta ambiental roja y proponerse junto con la federación y los municipios, acciones coordinadas puntuales para frenar el cambio de uso suelo, el acaparamiento del agua por huerteros, la protección enérgica de zonas de infiltración hídrica para garantizar la sobrevivencia de los ecosistemas y el derecho humano al agua de las poblaciones, además de la prohibición y retiro de agroquímicos que destruyen especies de flora y fauna. Sin embargo, y habrá que decirlo con claridad, la crisis civilizatoria ambiental expresada en el cambio climático, con daños a la vista de todos, se ha propiciado por sistemas productivos caóticos, no sustentables y no sostenibles desde lo local. Son sistemas regulados por el mercado y el consumo inmediato y no por el sólido paradigma de que la vida planetaria es finita, tiene límites; sus equilibrios son intransgredibles más que a costa de nuestra propia subsistencia como especie. ¡No entendemos, y el mercado menos entiende! Digámoslo con crudeza, lo que nos queda es poco [expresión reprochablemente antropocéntrica, después de todo, en qué momento nos asumimos como jueces y dueños] y a falta de datos precisos baste un recorrido por las carreteras que cruzan los bosques del oriente, el centro y el occidente. Es tan poco lo que queda que los conflictos sociales con origen ambiental, al paso de los meses y años, habrán de tornarse más agudos, violentos y fuente de ingobernabilidad. Como ejemplo, el calendario de conflictos durante 2018, 2019 y 2020 con una agenda típica: acceso al agua, cambio de uso de suelo, tala ilegal, incidentes climáticos, incendios intencionales, cañones antigranizo, contaminantes, expansión fuera de orden y ley de ollas concentradoras de agua y perforación de pozos a diestra y siniestra. En nuestra humilde opinión ─ojalá haya desmentidos razonables─ el daño que hemos ocasionando ha rebasado el punto de retorno y sin embargo la velocidad de la maquinaria ecocida sigue a toda velocidad. La gravedad de esta realidad, por obligación, tendrá que estar en la agenda del proceso electoral ya en curso. Los políticos y la sociedad civil estamos obligados a presentar diagnósticos precisos y mejor aún alternativas de políticas públicas que atiendan el problema. Michoacán necesita replantearse el paradigma del desarrollo agropecuario, urbano e industrial y para ello se precisan propuestas complejas, integrales, apoyadas en la investigación y sustentadas en un nuevo consenso social. Pero antes que ello se requiere modificar las políticas federales que han desmantelado las instituciones medio ambientales. Habrá que saber elegir entonces, diputados federales que se comprometan con esta tarea. En la perspectiva de esta elección no debieran ser votados los políticos ineptos, simplistas y maniqueos y los que están comprometidos con los capitales hechos a costa del ecocidio. Y es que de estos últimos está plagada la clase política michoacana para quienes sus carreras han prosperado en la medida que han crecido sus negocios a costa de bosques, aguas y tierras. De estos no puede esperarse un compromiso serio con una agenda exigente en pro de la naturaleza. Para que Michoacán sea, la agenda ambiental deberá ser prioridad. Lo que queda es poco, podría quedar nada, ni siquiera nosotros. Tomemos todas las oportunidades ahora para que lo que aún queda pueda seguir prosperando, incluso nosotros, los que habitamos esta casa común.

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Morelia ¿Y la seguridad? ¿O lo que importa es la campaña?

Es bien sabido en el medio, que el politizar o colorear la seguridad pública es el peor pecado que se puede tener como estrategia y peor aún en tiempos de precampaña electoral por puestos de elección popular. Al parecer, este año es un periodo de tiempo atípico, contradictorio e incluso regresivo. Usos y costumbres que creíamos olvidados o superados por parte de nuestros políticos, han regresado de los libros de rituales ancestrales e incluso de descuidos por parte de los actuales gobiernos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Quizás un regreso de esas viejas costumbres y por ende una consecuencia lógica de esos mismos rituales: el descuido de los funcionarios en sus puestos y sus funciones. Y en nuestro caso local, Morelia no está siendo la excepción, al parecer la seguridad de la ciudad únicamente está siendo asumida por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, sin que el propio municipio o por lo menos su alcalde, esté al mando de las operaciones de seguridad que le competen. Al parecer en nuestro municipio se les ha olvidado esa máxima que nuestra colega Teresa Torres, siempre recuerda en sus intervenciones en medios: “El alcalde, siempre es el primer policía del Municipio”. Es por ello, que al parecer también a los propios funcionarios en materia de seguridad del Ayuntamiento Moreliano, se les ha olvidado que tienen un cuerpo de policía que desplegar, acciones que vigilar, una contingencia sanitaria donde tienen que hacer valer el decreto del Gobierno del estado y por encima de ello, sus obligaciones constitucionales de vigilar y resguardar el orden y seguridad de los habitantes de esta ciudad. Pero al parecer, o no tienen nociones de ello, se les olvido que aún tienen un lapso bastante largo que gobernar o simplemente ellos ya están en otro canal, que es aprovechar la palestra gubernamental para jalar agua para su molino, olvidando que ña Seguridad Pública es vital y toral en los ejes de gobierno. Asaltos, homicidios, descontrol social de la población y si a ello le sumamos la indisciplina por parte de mandos policiales y de los propios elementos ( aclarando que no son todos, pero al parecer el reclutamiento hecho en esta administración ha sido fallido en la calidad de sus policías) nos desnudan que hay un vacío de poder en la propia corporación. Desde un inicio vaticinamos en este espacio que la silla de Comisionada Municipal de Seguridad le quedaría muy grande a Julisa Suarez Bucio. Y no fallamos, le quedó inmensa. Y al parecer a mucho de su cuerpo directivo (importado de otras corporaciones y con un dudoso pasado), sin dudarlo siguió esa misma estela de ineficacias e ineficiencias que vienen arrastrando de esas otras instituciones, contaminaron un proyecto que había nacido para ser uno de los más brillantes y ejemplos de este país. Si en los números alegres que la propia Comisión Municipal de Seguridad se maneja un estado de fuerza de casi 700 elementos, las preguntas son varias: ¿Por qué es inexistente el despliegue de seguridad y proximidad en la ciudad de Morelia? ¿Por qué cada vez es más baja la calidad de los elementos reclutados? ¿Por qué se están destapando asuntos de castigo a elementos, que estuvieron guardados por casi más de 2 años en la oficina de Asuntos Internos? ¿Asuntos Internos está siguiendo un procedimiento sancionatorio correcto o simplemente son caprichos de los mandos de la Comisión? ¿Cuál es la razón de que haya un sinfín de elementos de policía en oficina y no en la calle, que es el lugar donde deberían de estar laborando? ¿Hay elementos consentidos dentro de la propia corporación? ¿Por qué hay tantas patrullas guardadas en los estacionamientos de la propia Comisaría de la Policía de Morelia y no están en las calles? ¿Por qué no han dado a conocer el número de elementos sancionados, procesados, castigados y enfermos de COVID 19? ¿Hasta dónde llegó el acoso por parte de administración, para degradar a elementos que tenían la categoría de policías primeros y que por el acoso laboral fueron algunos cesados o suspendidos de sus labores? ¿Por qué se fue a presumir un proyecto a Paris, Francia y a otras latitudes, cuando sabemos que al interior de la propia Comisión ya tiraron a la basura prácticamente todo el cimiento del proyecto que era la atención a las víctimas? ¿Por qué no se ha puesto practica el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica al pie de la letra, cuando esta corporación fue el ejemplo de aplicación? ¿Cuál ha sido la política financiera para el sostenimiento de esta policía, al no haber ya un recurso federal para la misma? ¿Por qué no hay una POLÍTICA CRIMINAL INSTITUCIONAL, transversal y multidisciplinaria que ayude en la prevención y el combate a la delincuencia y si en cambio hay un mar de ocurrencias que día con día se trabajan sin una ciencia o una estrategia marcada? Y cómo las anteriores, hay un mar de interrogantes que al parecer ni la propia Comisionada de Seguridad podría responder, porque al parecer ella no está al mando de la corporación. Ella está en campaña con el Candidato a Gobernador del partido oficial y está dejando a un lado quizás la piedra toral de las políticas públicas de un territorio: La seguridad. El convenio de coordinación firmado por el propio municipio de Morelia con otros municipios metropolitanos, el estado y la federación la semana pasada, no es la respuesta para acabar con la incidencia delictiva y con la violencia que prevalece en la zona. Si de entrada todas las corporaciones estuvieran en las mismas condiciones, estaríamos hablando de un éxito en la materia. Pero si tomamos en cuenta que quien debería de encabezar esta estrategia y sus funcionarios, andan en campaña electoral y descuidando a los morelianos, sabemos perfectamente que las demás corporaciones no van a tener el mismo nivel de exigencia, responsabilidad, eficacia y eficiencia en la zona Metropolitana de Morelia. La seguridad no tiene colores ni tampoco tiene descanso, pero al parecer en esta administración municipal se les ha olvidado que el eje de gobierno por el que giran las demás variables de política pública es la seguridad. Y a la única corporación que vemos quizás patrullando y vigilando es a la Policía Estatal, que es la que, con sus limitaciones de carácter operativo y funcional, ha dado algunos resultados, no los que esperamos. Pero sin duda con el hecho de asumir un compromiso institucional que no les competía al haber un cuerpo municipal, se les agradece. Morelia es la joya de la corona, pero sin duda se les olvida que se necesita seguridad.

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Con derecho para mentir

Digámoslo como es, las campañas electorales son los espacios autorizados y tolerados por la sociedad para que quienes buscan el poder puedan mentir impunemente y con aplausos de por medio. El origen de la mayoría de los problemas derivados de la eficacia de los gobiernos proviene de candidatos mentirosos que supieron endulzar el oído de los electores para hacerse elegir a una función para la cual no sirven pero justifican con discursos salvadores, divorciados de la realidad. Lo increíble de todo es que nos hemos dado leyes que autorizan mentir a nombre de la democracia o de cualquier epifanía salvática que los electores, con el corazón henchido de esperanzas, aclaman desde su sentir singular: "ahora sí, llegó la hora de nuestro progreso", "con ese programa lo logramos". El ciudadano como oveja que ama a su perverso pastor. Contra este sistema de mentiras autorizado y aceptado desafortunadamente estamos inermes. No tenemos una institución y un cuerpo de leyes que sancionen la mentira política y mucho menos que sancione a los gobernantes que destrozan al país una y otra vez, acumulando costos y atrasos. Los ciudadanos somos víctimas en una relación de subordinación en la cual estamos desarmados. Desde la clase política (toda) se ha alentado una normalidad con visiones decimonónicas, que muy a modo, les permite a los políticos hacer que los electores se traguen las propuestas centradas en el voluntarismo, el mesianismo y el purismo. Sin vergüenza, entonces, van de mitin en mitin ofreciendo la salvación, el rescate, o la figura mística que abrirá las puertas del paraíso. La complejidad de la agenda económica, de seguridad, ambiental, educativa, de salud, es vulgarmente reducida a un simplismo ramplón que cuando asumen el gobierno solo contribuyen a nuevas crisis y a la ingobernabilidad. Para confirmarlo basta echar una mirada a la realidad que ahora nos aplasta. Es tal la impunidad de un político frente a lo que promete que puede, al término de su mandato, dejar un estado o la nación en calidad de ruinas y sin embargo retirarse con tan solo algunos adjetivos duros, que en nada resarcen los daños al desarrollo patrimonial de todos. Hay quienes dicen que acotar el gusto por la mentira electoral de los candidatos haría imposible una campaña, porque de ordinario están mintiendo, y porque ─dicen─ a la gente le gusta que le mientan. Como prueba ─nos dicen─ ahí están los candidatos que no tienen ni la más mínima idea de qué es gobernar, cosa que los electores lo saben, y sin embargo a pesar de ello son votados; o los que en los municipios son talamontes, aliados de la delincuencia o ecocidas, -información sabida por los ciudadanos- y a pesar de ello, mentiras de por medio, son electos y glorificados. Las cárceles estarían llenas si tuviéramos instituciones y leyes que castigaran la mentira electoral y se les obligara a pagar los daños ocasionados al país, al estado o al municipio. Desafortunadamente no somos esa democracia y no tenemos esa institución ciudadana, autónoma, para exhibir día a día el rosario de mentiras que a nombre de la "república", "los que menos tienen", "el progreso", "la salvación", "el rescate", "el amor al prójimo", y otras ocurrencias que se le venden a los electores cuales cuentas luminosas de vidrio, debieran sancionarse con vigor. Nuestra democracia, asediada por el totalitarismo de un gobierno federal autócrata y absolutista, tiene ante sí un trayecto infestado de riesgos regresivos que sólo una ciudadanía alerta, plural y digna puede contener y revertir. Cuestión por cierto difícil porque el contexto en que funciona está dominada por la normalidad de la mentira y el acoso, una normalidad que expresa con nitidez y agresividad los códigos del nuevo poder que se pretende transexenal, en una clara alusión a la metafísica de la historia: después de la 4t no hay nada. Habrá en los próximos meses mesnadas de políticos que ejercerán su vergonzoso derecho a mentir para hacerse elegir, y luego tendremos ciudadanos decepcionados. Algo podemos hacer los ciudadanos: desenmascaremos a tiempo la mentira, la incoherencia, el arribismo, el oportunismo y la sinvergüenzada ideológica. A ese oprobioso derecho a mentir de los políticos antepongamos el derecho a objetar con hechos. ¡Tenemos derecho a la verdad!

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