AI solicita al Senado que rechace la Ley de Seguridad Interior

La organización Amnistía Internacional (AI) solicitó al Senado que rechace el proyecto de Ley de Seguridad Interior y ponga fin al papel de las Fuerzas Armadas en la realización de las funciones policiales.

A través de una carta abierta, AI expresó su preocupación y pidió a los senadores no aprobar la propuesta turnada el pasado 30 de noviembre por la Cámara de Diputados, pues consideran que esto significaría un “grave retroceso en materia de derechos humanos en el país”, ya que esto prolongaría la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones policiales regulares, sin estar preparadas y sin que rindan cuentas.

Recordó que en su organización han documentado de manera constante el aumento de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de las Fuerzas Armadas durante la última década debido a la mayor participación de militares en las operaciones de seguridad pública.

“La gran mayoría de esas violaciones permanecen en la impunidad”, afirma.

AI observó que la propuesta contiene referencias al respeto de los derechos humanos, pero limita este aspecto a los protocolos que emitirán las propias autoridades, incluidas las Fuerzas Armadas, y obliga a las demás autoridades, incluidas la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral, a entregar toda la información solicitada.

Debido a esto, la organización hizo un llamado a las autoridades a que pongan fin al papel de las Fuerzas Armadas en la realizar tareas policíacas como detenciones, investigaciones e interrogatorios, ya que consideran que sus miembros poseen una capacitación que fomenta el uso excesivo de la fuerza y no rinden cuentas por sus actos.

“Se debe garantizar que las Fuerzas Armadas desplegadas actúen bajo el estricto control de las autoridades civiles y que toda alegación de violaciones a los derechos humanos sea investigada de manera expedita, imparcial y efectiva”, indicó.

Además de AI, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también han manifestado su preocupación por este proyecto de ley.